El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al presidente Mauricio Macri por el acuerdo que selló el gobierno nacional con la empresa Correo Argentino S.A., al considerar que «el interés público no habría sido protegido de manera adecuada» durante el concurso preventivo de esa compañía.

Fuentes judiciales informaron que ante el juez federal Ariel Lijo el fiscal también imputó al ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, y al Director de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, Juan Manuel Mocoroa.

«En la presente investigación se deberán verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada», sostuvo el fiscal.

Zoni tomó en cuenta las presentaciones efectuadas por el abogado Daniel Igolnikov y por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro.

De las denuncias surge una audiencia realizada en junio de 2016 entre funcionarios del Gobierno, en cabeza de Mocoroa, y el Correo Argentino, propiedad de la familia Macri.

Según remarcaron los denunciantes, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50% de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033.

En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original.

Además, los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.

Las acusaciones judiciales aseguran que Mocoroa, quien ya dejó el cargo que ocupaba, actuó bajo las órdenes de Macri, al realizar una «propuesta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad».

También, los denunciantes agregaron que el propio Macri cedió sus acciones de SOCMA, pero se quedó con un «usufructo» de las mismas, por lo que continúa siendo beneficiario económico del holding.

El fiscal Zoni también se hizo eco de lo advertido por su colega ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin, donde se tramita el concurso preventivo.

«La fiscal general ha sostenido que si bien a primera vista la propuesta recepta los requerimientos del Estado Nacional, el análisis económico lleva a concluir que la propuesta aceptada no implica mejora alguna», sostuvo Zoni.

«Ello toda vez que el porcentaje de quita para mejora de la oferta efectuada y aceptada asciende al 98,82 del valor del crédito del Estado Nacional lo que la convierte en una propuesta abusiva, resultando inexistente una mejora que justifique el cambio de posición del Estado que da la conformidad», subrayó en su requerimiento.

También, valoró la opinión de la fiscal Boquin sobre que la actuación del abogado Mocoroa «debió contar con autorización expresa de autoridad competente, máxime que en el caso por la entidad económica de los intereses en juego la cuestión ameritaba la intervención del Poder Ejecutivo».

Zoni fundamentó la apertura de una investigación a raíz de las sospechas que está teñido el expediente 94360/01 caratulado «Correo Argentino s/concurso preventivo».

Al respecto, consideró que ya pasaron más de 15 años de la existencia de la deuda y que el acuerdo podría provocar un perjuicio patrimonial multimillonario.

En ese sentido, pidió investigar si existió un «cambio de estrategia» del Estado Nacional en el marco del concurso preventivo, a partir de que prestó conformidad a una «propuesta abusiva que implicaría un perjuicio patrimonial».

Planteó, además, que la actuación de Mocoroa al ofrecer las condiciones de pago de la deuda no correspondería por no tener competencia para ello y haber sido designado con carácter transitorio.

«Resulta pertinente destacar que dicho funcionario desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación que a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél», señaló.

Ante el juez Lijo el fiscal ofreció algunas medidas de prueba para avanzar en la causa.