Referentes del Sep y de la Uepc pidieron se investigue a los especialistas por desobediencia a la autoridad.

Argumentan que hay una orden judicial que los obliga a prestar servicio a sus afiliados.

Representantes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) denunciaron a la Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba (Adaarc) por no atender a los afiliados a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) o hacerlo sólo si estos les pagan por adelantado.

La presentación fue realizada al mediodía en la mesa de entrada de Tribunales II de esta capital provincial por Gustavo Luna y Hugo Zambrano, secretario Administrativo del SEP y secretario de Acción Social de la Uepc, respectivamente.

Los dirigentes de dos de los gremios que aportan al Apross, solicitaron que un fiscal investigue a los anestesistas que «están desobedeciendo la orden judicial» que emitió una Cámara Contecioso Admimistrativa el 17 de febrero pasado.

La novedad se conoce el mismo día en el que los anestesistas anunciaron que no formarán residentes durante 2017, en un nuevo capítulo de un largo conflicto con la Provincia.

«Los trabajadores piden préstamos»

En diálogo con La Voz, Luna dijo que «más allá del conflicto que tiene el Gobierno provincial con los anestesistas, no puede suceder es que se les esté cobrando a los afiliados por prácticas que cubre la Apross».

Luna dijo que en los gremios están recibiendo, todos los días, a afiliados desesperados que piden préstamos o créditos para poder pagarles a los anestesistas para que sus hijos o sus cónyuges puedan ser operados; incluso en intervenciones de urgencia como cesáreas o por peritonitis.

En la presentación, que todavía no tiene designado un fiscal, se deja constancia de denuncias de afiliados del Apross que aseguran que tal o cual anestesista se negó a atenderlos si no pagaban antes de las operaciones.

«Por la cara»

También cuestionaron que para una misma práctica quirúrgica están cobrando distintos montos.

«Te cobran por la cara, y lo que se les ocurre», dijo Luna, para quien la orden judicial que emitió un vocal de una Cámara Contecioso Administrativa de Córdoba «fue muy clara: los anestesistas tienen que atender a todos los afiliados del Apross».

El argumento de la denuncia es que como varios profesionales de la salud están desobedeciendo esa orden judicial, habrín incurrido en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal, que reprime a quien «resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal».

En la denuncia se subraya que el secretario general de Adaarc, José María Catá, «dijo públicamente que no iban a cumplir aquella orden judicial».