El viernes a la tarde, la conductora del Fiat Punto que circulaba por la ruta 9 desde Río Segundo hacia Villa María fue controlada por los gendarmes que están haciendo los procedimientos de rigor en el marco de la pandemia.

La primera pregunta que la mujer no pudo contestar fue la del permiso de circulación exigible en estos tiempos de aislamiento.

El vidrio bajo, una bolsa en el asiento trasero y un característico olor, alertaron al gendarme que inició el procedimiento.

Con comunicación directa a la Fiscalía Federal de Villa María que autorizó las medidas y la presencia de dos testigos convocados a tal efecto, corroboraron que la joven mujer transportaba dos “ladrillos” de marihuana. Le secuestraron, además del vehículo y la droga, el teléfono celular

El procedimiento se realizó entre James Craik y Tío Pujio, apenas pasadas las 16. Dado que fue un hecho detectado “en flagrancia”, se dispuso un rápido proceso judicial.

En virtud de ello, ayer mismo desde la sede de Gendarmería -donde quedó alojada por un día antes de ser trasladada a la cárcel- se realizó la audiencia donde la fiscal María Schianni le informó la acusación en su contra.

La imputada estuvo representada legalmente por la defensora pública Luz Felipe, quien hizo planteos de nulidad del procedimiento y de la libertad de la acusada. Subsidiariamente, solicitó que tuviera prisión domiciliaria.

Ambos pedidos fueron rechazados por la fiscal, decisión que fue avalada por el juez federal Roque Rebak, por lo que la mujer continuará detenida en la cárcel de Villa María, una vez que realice el aislamiento en el lugar que determine el sistema penitenciario.

Otro pedido de la defensa que fue rechazado es el de la restitución del vehículo, dado que la parte acusatoria entiende que fue un instrumento, un medio, para cometer el delito.

Lo llamativo del procedimiento originado en el control de Gendarmería es el tiempo que dispone la Justicia para resolver la cuestión.

Tras la audiencia, la fiscal tiene 10 días hábiles para producir toda la prueba (análisis de lo secuestrado, incluido el teléfono) y el 17 de julio se realizará la audiencia de clausura, donde se determinará si la mujer tiene o no responsabilidad penal en el transporte de estupefacientes.

Sobre la imputada hay que señalar que es oriunda de Río Segundo. Se trata de una mujer joven, madre de un pequeño de 8 años y desempleada.

Fuente: El Diario