El presidente Alberto Fernández anunció el viernes pasado por la noche la decisión de declarar como “servicios públicos” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, y además las tarifas de esas prestaciones quedarán congeladas hasta el próximo 31 de diciembre.
La medida se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial de este sábado, que deja sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del 1 de septiembre.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el Presidente dijo que de esta manera se están «recuperando herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado».
«El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado», subrayó el mandatario, en referencia al DNU 267 firmado por el ex presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015.
DNU con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con el que decidió dar de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.
Fernández también destacó que «la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso, hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen».
El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó ayer a Télam que «quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios, sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura, pero también al trabajo y el desarrollo económico».
“Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible» afirmó López.
La norma dada a conocer a través del Boletín Oficial, incluye a la telefonía celular entre los servicios públicos, esenciales y estratégicos.
López destacó que a partir del nuevo DNU «el precio de los servicios estará regulado».
«Significa que, si bien sigue siendo una competencia entre las empresas, ningún aumento puede hacerse sin la previa autorización del Enacom», apuntó y añadió: «Después para abajo pueden hacer descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado».
De esta forma, el Estado recupera las «herramientas regulatorias» sobre estos sectores.
El nuevo DNU también deja sin efecto el incremento de entre 10 y 15% que las tres mayores operadoras de telefonía celular -Movistar, Telecom Personal y Claro- tenían previsto aplicar a partir del primer día de septiembre.
Fuente: Cadena 3
