El fiscal federal Enrique Senestrari explicó este jueves en diálogo con Cadena 3 por qué fueron imputados los intendentes de Mendiolaza, Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano Canto, en la megacausa contra una organización por facturas apócrifas y evasión.

Salibi y Canto están imputados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Senestrari, quien lleva adelante la investigación en Córdoba junto a su par Maximiliano Hairabedian, señaló que detectaron «un número muy importante de facturas falsas» que habían sido utilizadas para declarar gastos en actividades municipales.

«Las figuras delictivas imputadas indican la responsabilidad de administración fraudulenta, una estafa a la administración pública consistente en los entes municipales», detalló.

En ese sentido, indicó que se declararon gastos «que no existieron» porque fueron justificados mediante facturas que serían falsas.

Aclaró que los imputados darán sus explicaciones y buscarán determinar a los responsables, que «en principio siempre son las máximas autoridades».

«Para la fiscalía, genera la hipótesis de que alguien tomó dinero de las cuentas que administra y lo justificó con la presentación de facturas que no reflejan servicios prestados de manera real. Eso abre la posibilidad de la imputación», puntualizó.

En el marco de la causa se llevaron a cabo más de 90 allanamientos en la provincia de Córdoba y en localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco y San Juan, entre otros puntos del país, para detener a un total de 33 personas acusadas del delito de asociación ilícita.

El fiscal explicó que trabajaron en conjunto con Hairabedian y con el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, quien tenía «un caso de otra banda» que cruzaba datos con la de Córdoba. Actuaron en simultáneo para generar «efecto sorpresa» y que no se perdieran pruebas.

La investigación se remonta a 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que reveló el proceder delictivo de una banda que emitía facturas electrónicas apócrifas para evadir impuestos como IVA y Ganancias, robando las claves fiscales de personas humildes que luego se veían afectadas para conseguir trabajos o acceder a planes sociales.

En ese sentido, Senestrari cuestionó: «Generaron un movimiento tremendo de gente, 380 funcionarios de Afip, todavía más gente de las fuerzas de seguridad, transporte de detenidos y secuestros. Causaron un gasto tremendo al Estado, un riesgo de contagios y se tiene que sumar al grave daño que le causaron a las personas a las que le robaron la clave fiscal, en general vulnerables, y a la sociedad argentina con el delito de evasión».

El funcionario judicial precisó que en la banda trabaja gente de «actividades diversas» y contadores públicos. Con sus conocimientos, robaban claves fiscales, cambiaban los datos y convertían a desempleados en grandes contribuyentes o empresarios y hasta ponían empresas a su nombre.

«Se usó mucho la figura horrible de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas), que carece de controles, es muy difícil de seguir y se presta para este tipo de maniobras, por la rapidez con que se genera y con la que se puede abandonar», profundizó.

Y detalló las maniobras: «Usaron esto para generar la imagen de empresas con actividad, se falsificaban facturas en cantidades industriales, en decenas de miles. Eran vendidas a esas empresas para que las utilicen en el descargo del crédito fiscal y así achicar el impuesto al IVA para pagar a Afip».

Los informes estimativos de Afip hablan de una facturación de alrededor de $ 3 mil millones y una evasión de alrededor de $ 470 millones, precisó el fiscal.

A su vez, explicó que es natural investigar posible lavado de dinero, pese a que aún no hay imputaciones de ese carácter, para analizar a dónde fue a parar el dinero buscado.

El intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, afirmó a Cadena 3 que está «sorprendido» por la investigación en la que se lo involucra.

“Solicité a mi abogado que prepare un escrito para presentarlo ante la Justicia y ponerlo a disposición para esclarecer la situación. Ponemos todo a disposición para dar claridad», explicó.

Por su parte, Canto, de Saldán, se mostró también sorprendido e indicó a Cadena 3 que se pondrá a disposición de la Justicia.

“Lo que haga falta estoy a disposición porque nosotros no hemos hecho nada raro. Si hay empresas que han hecho semejante desastre a nivel país, no es la Municipalidad de Saldán la que debe controlar eso. No es una causa política porque no es Saldán solo, sino a nivel país. Esto es una investigación a nivel nacional. Investigan 46 empresas y estoy de acuerdo. Salimos damnificados los que hacemos cosas como corresponden. Vamos a ir hasta las últimas circunstancias», comentó.

Fuente: Cadena 3