Fallo del Tribunal Popular
A los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se reunió el Tribunal Popular que juzga la Deuda Argentina y al Fondo Monetario Internacional respecto de los endeudamientos, siendo las diecisiete horas y se procede a dar lectura a la sentencia emitida por unanimidad, de manera virtual (link para virtual: https://youtu.be/hhnx11m_0M4).
El tribunal integrado por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo Marcó, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, tribunal éste elegido y constituido por mandato de la “Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda”.
Esta Autoconvocatoria resultó de una articulación abierta de organizaciones, movimientos sociales, asambleas y partidos populares, sindicatos, referentes sociales, políticos y de los derechos humanos que, desde enero de 2020, impulsan una amplia campaña activa, independiente, horizontal e inclusiva frente a la injusticia de la Deuda Pública y las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (en lo sucesivo FMI).
En la causa actuaron como fiscales, Liliana Constante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela, como defensora Irina Santesteban y fueron Secretarias/os del tribunal Beatriz Rajland, Beverly Keene, Demián García Orfanó, Juan Carlos Maceiras y Pascual Duarte.
En el juicio se realizaron de manera semanal quince sesiones públicas virtuales, en las que se recibieron las denuncias y testimonios de un centenar de organizaciones y referentes populares, abarcando una veintena de ejes temáticos que expresan la diversidad de las dimensiones de la vida del país trastornadas y violentadas por la Deuda y las políticas que impulsa el FMI. Se recibió, asimismo, una extensa documentación y los informes de peritaje solicitados a personas con abundante conocimiento y experiencia en relación al objeto del Juicio. Este juicio es una respuesta de acción social colectiva, ante el grave empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría popular argentina, del ambiente natural y la incidencia al respecto que tienen estos instrumentos centrales del desorden económico y ecológico local e internacional reinante. Es una respuesta participativa de justicia popular, ante el hecho que, en los cuarenta y cuatro años y diversos gobiernos que han sucedido al golpe militar- cívico- corporativo eclesiástico de 1976, ni el Poder Ejecutivo, ni Judicial, ni Legislativo ha asegurado las acciones necesarias para poner fin a los crímenes de esta monumental estafa, revertirlas y lograr que sus responsables sean sancionados y su costo reparado.
En definitiva, el Juicio Popular a la Deuda y al FMI refleja el derecho y la capacidad de los pueblos y sus organizaciones de no pecar por omisión y dar su veredicto frente a los acontecimientos que afectan a su vida y futuro, con mucha más autoridad moral que organismos o tribunales internacionales como los antes referidos CIADI, GAFI, y otros. El tribunal del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, como se ha dicho, se reconoce y se respalda en los tribunales populares mencionados anteriormente, donde se han unido diversas expresiones de la vida de los pueblos para denunciar y evaluar, a la luz de la ética y nuestros derechos y aspiraciones, establecer responsabilidades, señalarlas públicamente, promover las sanciones y reparaciones correspondientes y avanzar en la identificación y construcción de alternativas solidarias en justicia.
El Tribunal resolvió declarar como principio básico y que surge del derecho esencial del pueblo, de las personas y de las naciones, que no pueden aceptarse de ninguna manera acuerdos económicos, como las deudas públicas y acuerdos con el FMI, que impliquen derivaciones en perjuicios de lesa humanidad y de lesa naturaleza para nuestro pueblo y nuestro ecosistema como país y planeta. Efectos éstos últimos, que tal como se han desarrollado, no se han repudiado como corresponde.
Además, se deberá establecer la calidad de delito de lesa humanidad económico a dichas actividades que implican los perjuicios referidos, sancionar a los responsables y asegurar su debida reparación.
Por lo que, desde la autoridad que se tiene como Tribunal Popular, como principio se afirma la nulidad absoluta de las deudas públicas y los acuerdos con al FMI, no obstante su reiterada restructuración y afirmamos el derecho del pueblo y de la Nación a rechazar su pago, más aún en situaciones de extrema necesidad como la que actualmente se viven en el contexto de la pandemia del Covid-19. Además, a los efectos de poder llevar adelante una auditoría integral, con participación ciudadana, de la deuda pública y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legalidad y legitimidad de los mismos, se peticiona con firmeza al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional que tomen las medidas necesarias, para implementarla.
Mientras se lleva adelante la auditoría antes referida, se tendrá que ordenar la suspensión de los pagos de la deuda pública, hasta tanto no sea establecida su legalidad y legitimidad.
Firmado por las y los señores jueces: Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo Marcó Alejandro Bercovich, Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
Fuente: Miguel Julio Rodríguez Villafañe
