Varias entidades señalan que hay una violación de la protección de Datos Personales. Argumentan la falta de firma de un consentimiento y la obligatoriedad de responder.

La decisión del gobierno nacional de dar a conocer la fecha del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas reavivó fuertes cuestionamientos.

Puntualmente, respecto a la solicitud del número de DNI a cada ciudadano, que está previsto de manera obligatoria en el formulario.

Desde la Fundación Vía Libre anticiparon, en tal sentido, que continuarán un recurso de amparo. «Queremos que el Censo se haga bien, y hay que responderlo. Pero incorporar el DNI es una mala política, porque hay un cambio radical: se pasa de información estadística de población a una base de datos personales», sentenció su presidenta, Beatriz Busaniche .

Se preguntó respecto a «la necesidad» de solicitar este dato el día elegido, el 18 de mayo próximo, y recordó que el propio presidente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , Marco Lavagna, no pudo responder con soltura en las largas reuniones que sostuvieron.

En diálogo con radio Universidad , excluyó: «La explicación que nos dieron es que querían integrar el Censo con otra base de datos, otros registros administrativos, para optimizarlos después. Lo cual es peor, porque no sólo van a tener los datos, sino que también los van a cruzar con otros. A su vez, el paso del papel a la digitalización lo realizará una empresa, antes de que llegue a Indec».

Consideró que «no hay proporcionalidad» para solicitar el DNI y cuestionó su legalidad: «En la Ley de protección de datos personales tiene una excepción cuando el dato se solicite para fines de recolección estadística y de población. Pero siempre y cuando esta información sea anónima. Ahora, al incorporar el DNI, se pierde la excepción y hay que cumplir esta Ley».

Desde allí, aclara Busaniche, se abre un abanico de circunstancias «que el Censo no cumple». Y describe: «A nadie le van a hacer firmar un consentimiento informado, el cual supone que uno entrega el dato voluntariamente… pero el Censo es obligatorio».

A su juicio, «la obligación legal choca con la voluntariedad de la Ley de protección de datos».

Por eso, adujo, «vamos a apelar a la Justicia», para que «realice su interpretación en la materia».

Cuestionó la falta de tino de las autoridades, que no supieron responder a los pedidos pese a largas charlas, y señaló que «estamos haciendo análisis de riesgo que no está haciendo el Indec», después de varios hackeos y filtraciones de datos personales de organismos oficiales.

«No está previsto tampoco cuáles van a ser los usos de estas bases de datos», apuntó.

La Magíster en Propiedad Intelectual de FLACSO anticipó también que «vamos a publicar nuestro recurso para que cualquier persona pueda tomarlo y presentarlo ante la Justicia como particular perjudicado».

Y fue tajante al concluir: «Nosotros queremos responder el Censo, es importante. Pero queremos que se haga bien, y bajo ninguna circunstancia recomendamos que se entregue ningún dato que pueda hacer desanonimizar su realización».