La Legislatura de Córdoba ha aprobado una nueva ley de seguridad pública y ciudadana que ha generado controversia debido a sus puntos polémicos.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una nueva ley de seguridad pública y ciudadana, enviada por el gobernador Martín Llaryora, que ha generado un intenso debate.
La normativa, que cuenta con varios puntos polémicos, fue rechazada por gran parte de la oposición.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es la inclusión de «guardias» de seguridad privada en edificios e instalaciones públicas, los cuales contarán con «armas menos letales».
Esta medida ha generado preocupación y rechazo por parte de los legisladores opositores, quienes consideran que puede poner en riesgo la integridad de las personas.
Además, la nueva norma contempla la incorporación de empresas privadas de seguridad, lo cual ha sido duramente criticado por la oposición.
Se argumenta que esto puede llevar a una privatización de la seguridad pública y poner en peligro la transparencia y la legalidad de los servicios de seguridad.
Otro punto destacado de la ley es la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, el cual tendrá la responsabilidad de proponer programas de capacitación para los integrantes de las fuerzas provinciales de seguridad, las guardias locales de prevención y convivencia, y las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada.
La nueva ley también permite la adhesión de municipios y comunas, quienes podrán contar con los nuevos «guardias» cuyo objetivo será contribuir en la prevención de violencia, contravenciones y delitos como auxiliares de la Policía de la provincia de Córdoba.
Sin embargo, esta medida ha generado dudas y críticas sobre cómo se coordinará la actuación de estos «guardias» con las fuerzas de seguridad públicas.
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es la autorización de la tercerización de servicios de seguridad privada.
Según la ley, la provincia podrá contratar estos servicios a terceros para custodiar escuelas, edificios públicos, dependencias oficiales, hospitales, entre otros.
Esta medida ha sido ampliamente repudiada por los legisladores opositores, quienes consideran que puede poner en riesgo el control y la eficacia de los servicios de seguridad.
Por último, la normativa habilita a los prestadores de servicios de seguridad privada a disponer de cámaras de video vigilancia instaladas en espacios privados de acceso público. Estas cámaras deberán captar imágenes que estarán a disposición de la autoridad competente.
En resumen, la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana en Córdoba ha generado polémica debido a sus puntos controvertidos, como la inclusión de guardias de seguridad privada con armas menos letales, la tercerización de servicios de seguridad privada y la autorización de cámaras de video vigilancia.
La oposición ha expresado su rechazo a esta normativa, argumentando que puede afectar la seguridad y la transparencia en la provincia.
