El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó la ley que establece un nuevo modelo de seguridad en la provincia. 

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la nueva ley de seguridad provincial que establece un nuevo modelo de seguridad y convivencia ciudadana. 

La norma, aprobada por la Legislatura provincial, tiene como objetivo agilizar la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en la región.

El Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, creado a través de esta ley, busca fortalecer las acciones de prevención del delito y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Entre los principales aspectos de la ley se encuentran:

– La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, que actuarán como auxiliares de la Policía en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público.

– El uso de armas no letales por parte de las fuerzas de seguridad, promoviendo así el uso de la fuerza proporcional y evitando el uso indiscriminado de armas de fuego.

– La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que se encargará de proponer programas de capacitación para los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad.

– La incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad a las acciones de prevención y control del delito.

– La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia, permitiendo una mayor coordinación en la respuesta ante situaciones de emergencia.

– El impulso al plan de desarme, incentivando la entrega de armas en posesión de civiles y promoviendo así la disminución de la violencia armada.

– La obligatoriedad de un narco test para cargos electos y funcionarios públicos, con el objetivo de prevenir la infiltración del narcotráfico en el ámbito político.

– La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial, fortaleciendo así el combate contra el narcotráfico.

– La creación de 12 nuevas fiscalías criminales, ampliando la capacidad de investigación y persecución del delito en la provincia.

Con la promulgación de esta ley, se espera un fortalecimiento de las políticas de seguridad en la provincia de Córdoba y una mayor protección de los ciudadanos frente a la delincuencia y el narcotráfico.