El fiscal ecuatoriano César Suárez que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue asesinado este miércoles.
Suárez, como todos los días, salió de las dependencias de la Fiscalía en la tarde del miércoles. Sin darse cuenta, mientras se movilizaba en su vehículo, otro auto lo siguió de cerca: eran los sicarios que atentarían minutos después contra su vida.
Cuando llegó a la calle de Los Ceibos, en el norte de la ciudad ecuatoriana, uno de los hombres disparó en repetidas ocasiones al vehículo del fiscal. Suárez fue acribillado.
Luego del asesinato, residentes de un barrio en el norte Guayaquil denunciaron el incendio de un vehículo. De acuerdo con testigos, el hecho no ocurrió de manera accidental sino que fue causado por un grupo de hombres que lo incendiaron.
Suárez llevó en el pasado importantes indagatorias por corrupción en hospitales y también tenía a cargo el caso Metástasis sobre un capo ecuatoriano que había infiltrado al Estado y obtenía trato de favor de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios, fue acribillado a tiros cuando circulaba en un vehículo a través de la ventana del lado del conductor.
Entre los procesos que manejaba el fiscal, uno de corrupción hospitalaria en el que también está involucrado Daniel Salcedo, detenido la víspera en Panamá y sobre quien el presidente de la Corte Nacional de Justicia inició los trámites para su pedido de extradición.
Salcedo también está mencionado en los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero.
La Policía aseguró en un chat de periodistas que se encuentra desplegada para dar con los responsables.
“Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad; continuaremos con fuerza”, aseguró la fiscal general, Diana Salazar, en un video difundido en la cuenta de la red social X, antes Twitter, en el que aseguró que el hecho “atroz” trae “un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador”.
Todos estos hechos tienen lugar en medio de un estado de emergencia decretado la semana pasada tras una serie de ataques violentos que las autoridades adjudican a grupos criminales y del narcotráfico que operan dentro y fuera de las cárceles.