El debate por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que popularmente se conoce como Ley Ómnibus, tiene en vilo a la política argentina. El Congreso nacional está activo en enero como desde hace tiempo no se recuerda.

Los legisladores y gobernadores provinciales, movilizados porque el articulado del Poder Ejecutivo afecta intereses que perjudican sus gestiones locales, mantienen negociaciones frenéticas con emisarios del presidente Javier Milei, aunque sin llegar a un punto de acuerdo. En medio de este desconcierto, ayer hubo una reunión por Zoom en la que la, denominada, oposición dialoguista diseñó una estrategia de presión hacia la Casa Rosada: si el Gobierno no saca las retenciones a las economías regionales, no apoyarán la Ley Ómnibus.

Estuvieron presentes Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Mientras que en representación de los legisladores participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR, con Alejandro Cacace (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal. Son tres bloques que llegan a 94 diputados y que, si suman a los aliados de Innovación Federal, garantizan superar los 100 escaños. En un contexto de debilidad parlamentaria, se trata del sector de la oposición clave para aprobar la Ley Ómnibus. 

Milei tiene una bancada de apenas 38 diputados, con los cuales no puede lograr un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara Baja ni mucho menos alcanzar el quórum para poner en marcha la sesión.

El principal punto de tensión son las retenciones a las economías regionales contenidas en el texto de 664 artículos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Es un impuesto que, al aplicarlo, lesiona directamente intereses de las provincias. Y algo central: no es coparticipable. Es decir, se trata de un gravamen que recauda el Gobierno nacional sin necesidad de distribuirlo con las provincias.