El riesgo del reconocimiento facial y la entrega abusiva de datos personales al Estado
Especialistas advierten sobre los riesgos de recolectar datos personales de forma abusiva por parte del Estado, especialmente a través de sistemas como el reconocimiento facial y el registro de la tarjeta SUBE. Alertan sobre la falta de protección efectiva de los datos y la posibilidad de generar falsos positivos. Además, reclaman una actualización de la Ley de Protección de Datos Personales del 2000.
Argentina tiene una larga trayectoria de poco respeto por la privacidad de las personas, y la idea de que el Estado recopile masivamente datos de la población es algo que se ha normalizado en el país. Beatriz Busaniche, activista digital y presidenta de la Fundación Vía Libre, afirma que cualquier tecnología que pueda ser utilizada para vigilarnos tarde o temprano será utilizada para tal fin.
Un ejemplo de esta problemática es el registro de la tarjeta SUBE. A partir de febrero, aquellos usuarios que no registren su identidad en la tarjeta pagarán un costo mayor que aquellos que sí lo hagan. Esto plantea interrogantes sobre la privacidad y el derecho humano de las personas, ya que implica renunciar a la privacidad por dinero.
En el caso del investigador Javier Smaldone, se reveló que la Policía Federal solicitó los registros de su uso de la tarjeta SUBE durante una investigación. Esto demuestra cómo el Estado puede utilizar esta información en contra de las personas en determinadas situaciones.
Otro sistema que se ha puesto en el foco de atención es el reconocimiento facial. En la Ciudad de Buenos Aires, se implementó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos en 2019, pero fue suspendido y luego declarado inconstitucional debido a la utilización de datos biométricos de personas que no estaban en la base de datos correspondiente.
Este sistema no puede ser utilizado durante las protestas para identificar a manifestantes, pero ello no impide que las fuerzas federales hayan adquirido tecnología similar. Existe preocupación por la forma en que se están cercenando derechos y por las posibles consecuencias negativas que esto puede tener para la participación ciudadana en las manifestaciones.
En resumen, es necesario actualizar la Ley de Protección de Datos Personales del 2000 para garantizar una protección efectiva de los datos de las personas. Además, se debe reflexionar sobre los riesgos que implica el reconocimiento facial y la entrega de datos al Estado, y tomar medidas para salvaguardar la privacidad de las personas.
