Brasil ha sido objeto de sorpresa y debate tras la publicación de los resultados de un censo reciente, que revela que el país cuenta con más templos religiosos que escuelas y hospitales.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la cantidad de templos religiosos en Brasil alcanza los 579,700, mientras que las instituciones educativas suman 264,400 y los centros de salud llegan a 247,500.
Este desequilibrio plantea interrogantes sobre la distribución de recursos y la planificación urbana en el país. En promedio, hay 286 centros religiosos por cada 100,000 habitantes, lo que contrasta con los 130 centros educativos y los 122 espacios de atención médica por la misma cantidad de habitantes.
La región amazónica, donde el evangelismo se estableció a principios del siglo XX con la llegada de misioneros estadounidenses y la Asamblea de Dios, lidera esta relación desproporcionada entre templos religiosos y población. En los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins, se encuentran 79,650 iglesias, lo que representa un promedio de 459 por cada 100,000 habitantes, casi el doble del promedio nacional. Destaca el estado de Acre, con 554 iglesias por cada 100,000 habitantes.
Por otro lado, la región Sur del país, conformada por Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, muestra la menor relación entre el número de iglesias y la población, con 226 por cada 100,000 habitantes.
Este estudio realizado por el IBGE tiene como objetivo proporcionar información relevante para la planificación urbana y la creación de políticas públicas específicas. Sin embargo, también plantea la necesidad de analizar la distribución de recursos y la priorización de las necesidades educativas y de salud en Brasil.
En resumen, la sorprendente cantidad de templos religiosos en Brasil en comparación con las escuelas y hospitales ha generado un debate sobre la distribución de recursos y la planificación urbana en el país. Este fenómeno destaca la influencia de la región amazónica y plantea interrogantes sobre las políticas públicas necesarias para abordar este desequilibrio.