Sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar solicitan ante el Tribunal Oral Federal de San Juan la revocación del beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Jorge Antonio Olivera, condenado por crímenes de lesa humanidad, tras celebrar una fiesta por sus bodas de oro.

Sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar solicitaron ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, la revocación del beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Jorge Antonio Olivera. Esto, luego de que se diera a conocer que el represor, condenado tres veces por crímenes de lesa humanidad, celebró una gran fiesta por su aniversario de casamiento.

Según lo difundido, ex presas y ex presos políticos denunciaron el caso de Olivera como un ejemplo del «régimen de privilegio» del que gozan los genocidas a quienes se les concedió la prisión domiciliaria como modalidad de cumplimiento de pena.

Olivera, quien integró la Plana Mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) de San Juan como oficial de Inteligencia y también prestó servicios en el Regimiento de Infantería 7 “Coronel Conde” de La Plata, fue condenado en tres juicios de lesa humanidad a prisión perpetua por delitos como homicidio agravado, torturas y tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestros, robos en la casa de las víctimas, violaciones y abuso sexual.

El texto destaca los intentos de Olivera por evadir la justicia durante muchos años, incluyendo su detención en el 2000 en el Aeropuerto de Fiumicino, Roma, donde presentó un certificado falso de defunción de una de sus víctimas. Tras ser excarcelado, se mantuvo prófugo hasta su detención en el año 2008. Posteriormente, en el año 2013, se fugó nuevamente del Hospital Militar en Buenos Aires, donde recibía atención médica, siendo recapturado en el 2017.

A pesar de estas fugas, en 2021 la Cámara Federal de Casación Penal decidió otorgarle prisión domiciliaria, la cual se mantuvo incluso cuando presentó un certificado médico sin fecha para ausentarse de su casa.

La reciente celebración por los 50 años de casado, en la que participaron personas como la militante por genocidas Cecilia Pando y el represor Gustavo Ramón De Marchi (también con prisión domiciliaria), así como el músico Palito Ortega, generaron  indignación entre las víctimas.

Ante esta situación, los fiscales Dante Vega (Mendoza) y Francisco Maldonado (San Juan) solicitaron al Tribunal Oral Federal de San Juan medidas para determinar  si el represor violó las condiciones de su prisión domiciliaria.