El fiscal de San Francisco renunció después de 29 años de servicio, al ser amenazado por narcos.
Bernardo Alberione, fiscal de San Francisco, renunció después de 29 años de servicio en medio de amenazas por parte de narcotraficantes en la zona.
Alberione ha sido uno de los fiscales más destacados de San Francisco en las últimas dos décadas, encargado de casos de femicidios, abusos sexuales y venta de drogas en una ciudad que forma parte de la «triple frontera» entre Córdoba y Santa Fe.
El fiscal, en su último día de trabajo, ha hecho un pedido urgente al gobernador Martín Llaryora.
Basado en su experiencia personal, Alberione ha solicitado la designación de una autoridad exclusiva para delitos relacionados con la venta de drogas en San Francisco.
Según Alberione, es necesario poner en funcionamiento la Fiscalía Antinarcotráfico de la localidad cabecera del departamento San Justo para liberar a los fiscales de la tarea de investigar este tipo de delitos.
Alberione ha expresado su preocupación por la falta de acción en este tema y ha advertido que si no se designa un fiscal en San Francisco, la situación de la ciudad se complicará en los próximos meses.
A pesar de contar con presupuesto, la Fiscalía Antinarcotráfico no ha sido puesta en funcionamiento, lo que ha llevado a Alberione a denominarse a sí mismo como un «fiscal de facto».
El fiscal destaca que San Francisco es una de las zonas más problemáticas en cuanto al narcotráfico en la provincia de Córdoba y en todo el país, y sin embargo, no cuenta con un fiscal especializado en drogas.
Alberione ha dejado claro que su renuncia no está relacionada con las amenazas que ha recibido a lo largo del último año, sino con la falta de acción por parte del Gobierno provincial.
El pedido de Alberione a Martín Llaryora busca garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad de San Francisco, así como liberar a los fiscales de la carga de investigar delitos relacionados con el narcotráfico.
El fiscal ha dedicado gran parte de su carrera a la lucha contra el narcotráfico y considera que es fundamental contar con una autoridad exclusiva para este tipo de delitos.
