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El Gobierno Nacional planteó este viernes la segunda parte de su estrategia para voltear el fallo que esta semana hizo lugar a una demanda del gobierno de Chubut, que dirige Ignacio “Nacho” Torres.
La Procuración del Tesoro pidió el jueves que la Corte Suprema de Justicia la Nación asuma la competencia del caso. Pero ahora también se presentó ante el juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre: lo recusó sin causa, pidió su inhibitoria y apeló para que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revoque la decisión. La apelación se solicitó con efecto suspensivo: es decir que el Estado pueda frenar el envío de fondos de coparticipación.
“La medida cautelar dictada afecta y compromete los recursos propios del Estado Nacional, hecho que se encuentra prohibido por el artículo 9 de la Ley 26.854″, sostuvo el planteo de la Procuración del Tesoro, que comanda Rodolfo Barra. Y se añadió: “la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas en los presentes actuados excede el interés de las partes, configurando un supuesto de gravedad institucional por cuanto la política pública adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.
Para el Gobierno Nacional, “se encuentran en juego la división de poderes, en la medida en que la sentencia se entromete en las facultades privativas del Ministerio de Economía, el cual tiene a su cargo, entre otros, la política de subsidios”. Y en ese contexto se presentó en esta causa, en donde denunció que no había sido oída antes de que se dictara el fallo, se reclamó la recusación sin causa (algo previsto), se le pidió al juez Sastre la inhibitoria de su juzgado y se reclamó la apelación con efecto suspensivo para ser evaluada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
El conflicto nació cuando el Gobierno de Javier Milei ejecutó una garantía para cobrar una deuda de Chubut y dispuso un recorte en la transferencia habitual de los fondos coparticipables que le corresponden, en base a un acuerdo que se había firmado entre el ex gobernador de la provincia Mariano Arcioni y el ex ministro de Economía Sergio Massa.
La decisión de la administración de Javier Milei, intempestiva para el gobernador de Chubut, llegó luego de un fallo que ya había torcido el brazo de la Casa Rosada: el 22 de febrero el juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre hizo lugar a una medida cautelar presentada Ignacio Torres, para que se suspenda la eliminación del Fondo Compensador del Interior dispuesto por el Gobierno nacional por el cual enviaba dinero destinado a los subsidios al transporte. Ese fondo por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos del interior del país cayó en desgracia después de la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso.
El juez Sastre le ordenó en ese fallo al Estado nacional que “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.
Por eso, cuando el gobierno de Milei decidió ejecutar la retención de unos 13.500 millones de pesos de fondos coparticipables a raíz de una deuda que la provincia mantiene con la Nación, el conflicto político escaló. “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, señaló una dura carta el gobernador chubutense firmó junto a los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck). El presidente Milei lo desafió: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias”.
Torres fue a la justicia el lunes pasado. Y en 24 horas el juez Sastre ordenó hacer lugar a la medida autosatisfactiva promovida por la provincia y disponer el cese de la retención que realizó el Poder Ejecutivo en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Además, Sastre exhortó a los gobiernos de Chubut y de la Nación a que arbitren los medios necesarios para cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial mantiene con la Casa Rosada, siempre y cuando no importen el compromiso de servicios esenciales para los chubutenses. El magistrado no aceptó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de que el estado nacional le devuelva los más de 13 mil millones de pesos retenidos la semana pasada.
“Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”, señaló el magistrado sobre el gobierno de Javier Milei. Ese es el fallo que ahora apeló el Gobierno Nacional: por un lado ante la Corte Suprema para que asuma la competencia originaria del caso; y por otro ante el propio juzgado para apartar al juez Sastre y que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revoque la medida.