Después de varias semanas de negociaciones, dudas y especulaciones políticas, el presidente Javier Milei, en sintonía con el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió avanzar por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la delicada modificación de la fórmula jubilatoria.

La medida se evaluaba desde hace semanas, pero el titular del Ejecutivo la postergaba porque aspiraba, antes de llegar a esta instancia, lograr un consenso previo suficiente para tratarlo por ley -por fuera o dentro del proyecto Bases-. Quería evitar una eventual judicialización del decreto o un posible rechazo de parte del Congreso. Pero los tiempos apremiaron y definió avanzar.

Las instancias de negociación política con los otros partidos de cara a un eventual debate legislativo “se agotaron”, dijeron fuentes oficiales, y la publicación del decreto sería inminente. Probablemente salga hoy en el Boletín Oficial con el formato de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje extra, que rondaría entre el 12 y el 14 por ciento. Son dos puntos por encima de la propuesta inicial de Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20 por ciento que exigía la oposición.

Más allá de la falta de consensos que percibieron en la política, en Balcarce 50 apuraron la decisión para evitar que sobrepasara la fecha de empalme del 1ro de abril. De esta manera, la aplicación de la nueva fórmula aplicaría los ingresos de los jubilados a partir de ese mes. Si demoraban más la decisión, advirtieron, iba a postergarse hasta junio, lo cual haría -aún más- insostenible la situación social del sector.

El DNU era la opción menos deseada para el Ejecutivo, que acaba de sufrir un fuerte revés con el de desregulación en el Senado, entre fuertes críticas de los otros espacios por la inconstitucionalidad de la medida. Y un decreto no sólo enfrenta la posibilidad de un rechazo por parte del Congreso, sino serias chances de que se judicialice, como ocurrió con la reforma laboral y los aumentos de las prepagas.