El ministro responsabilizó al Presidente. La encendida defensa del nuevo cordobesismo.

En Córdoba, varios sectores estratégicos siguen acusando el impacto del tarifazo eléctrico, tras la llegada de las primeras boletas de marzo sin subsidios. El panorama a corto plazo pinta oscuro. En ese marco, Martín Llaryora activó a un ministro clave, Martín Gill, para recomponer lazos con un brazo central de gestión que quedó bajo la lupa.

Es que en el Gobierno de la provincia advierten que el precio de la energía va a duplicarse en un mes y medio. Se basan en las proyecciones de mayo a octubre que elaboró la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Habrá que ir por algunas velas.

En este contexto, las cooperativas quedaron en el centro del enojo de comerciantes que acusaron el tarifazo. Entendidas como organizaciones a las que Llaryora apela para construir poder territorial, la defensa cooperativista por parte del oficialismo no tardó en venir.

“Enojarse con un sistema que ha sido garante de la energía eléctrica, aún en el pueblo más pequeño del interior de Córdoba, es injusto ante una decisión inconsulta y arbitraria del Gobierno nacional”, defendió Gill, a cargo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

El ex intendente de Villa María y armador de Sergio Massa en la campaña presidencial visitó durante la última semana la ciudad de San Francisco y reunió con 15 representantes del sector en el departamento San Justo.

El origen de la bronca con las cooperativas de Córdoba

¿Dónde radica el enojo? El sector mercantil reunidos en la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) cuestionaron hace unos días la estrategia de financiar los elevados costos de la energía, a través del Banco de Córdoba y en cuotas. Sostienen que con eso no alcanza.

El polo comercial empezó a advertir sobre el funcionamiento general del Estado y la presión impositiva que, sostienen, recae sobre los sectores productivos. También, dicen estar preocupados por “el nivel de gasto que se mantiene en Córdoba” y, si bien no dan nombres hablan de salarios gerenciales que, en empresas públicas y cooperativas, oscilan entre los tres y los cinco millones de pesos.

Por otra parte, aseguran que las cooperativas cobran por el servicio eléctrico montos mucho más elevados que la empresa provincial. A la par, la oposición en Córdoba denuncia sobreprecios.

Justamente, por su valor en el interior cordobés y anticipándose a un año crítico, Llaryora creó un ministerio a su nombre y puso al frente al exdirigente todista, quien puso a las cooperativas bajo un paraguas protector en medio de la polémica.

“Las cooperativas en el interior de Córdoba son las que han garantizado la distribución de energía eléctrica cuando el Estado no podía llegar, sectores rurales donde el mercado no es rentable”, destacó Gill.

El ministro afirmó que creció “inconmensurablemente” el valor de la energía, de la potencia y la distribución: “El valor de la energía tuvo un crecimiento de uno poco más de $20.000 a un valor superior a los $45.000 el kilowatt. En el caso de la potencia y transmisión estamos hablando de incrementos que superan el 3000%, lo que se hizo en el momento pico de consumo y a su vez retirando el subsidio de un solo saque al sector comercial”, dijo Gill tirándole otro dardo al Gobierno nacional.

Para ser más claros con los números: el kilowatt valía poco más de $20.000, aunque subsidiado quedaba en $8.000. Ahora, ese monto trepó a $48.000, esbozando un crecimiento de más del 400%.

Gill fue contundente y deslizó todas las responsabilidades del tarifazo al presidente Milei, en momentos donde Llaryora cuida las formas en virtud del Pacto de Mayo: “No es responsabilidad de la provincia. Esto es exclusivo del gobierno nacional. El Presidente decidió sincerar el cuadro tarifario de un solo saque, sin contemplar particularidades”, declaró.

Sobre las cooperativas, explicó que hoy la diferencia en el monto respecto a los usuarios de la empresa de energía eléctrica de la provincia es la forma de medir el consumo.

“Epec mide cada dos meses y cobra mensual, las cooperativas lo hacen mensualmente. Pero acá no hay un problema de Epec o de las cooperativas, sino de la gente, por eso apelamos al Gobierno nacional para que el sinceramiento tarifario sea programado”, insistió el ministro.