Es por la compra de numerosas antigüedades. Otro funcionario de su gestión también está imputado por el mismo delito.

El exintendente de Pilar Diego Bechis afronta un nuevo juicio, ahora por un delito federal: se lo acusa de autolavado de activos, agravado por su calidad de funcionario público.

También se le imputa el mismo delito a Pablo Berón, exsecretario de Obras y Servicios Públicos durante la gestión de Bechis en ese municipio cordobés.

La investigación judicial avanzó sobre la intensa actividad de compraventa de antigüedades desplegada por el exintendente mientras estuvo en el cargo, entre 2007 y 2019. Los bienes eran presuntamente para crear un museo.

Lo que está en cuestión es el origen de los fondos con los que se adquirieron esa gran cantidad de antigüedades, entre ellas vehículos, camiones pequeños y carruajes varios, muebles de toda clase, juegos de living, aparadores, mesas, juegos de escritorio, vitrinas, roperos, camas, mostradores, pupitres, lámparas colgantes de todo tipo y tamaño, entre otros.

Todos los objetos están incautados en distintos galpones de la ciudad de Pilar, a los que –según la instrucción– durante mucho tiempo solo tuvieron acceso Berón y Bechis.

La fiscal de los tribunales federales María Schianni sostiene que el dinero obtenido a partir de actividades ilícitas fue introducido por los acusados en el circuito legal y económico mediante la Fundación PI.DE.PRO, creada por Bechis en 2011.

Aunque por tratarse de muebles antiguos es difícil precisar su valor, una pericia parcial de algunos de todos esos bienes, realizada por una profesional de la Agencia Córdoba Cultura, los tasó en cerca de 150 millones de pesos. Esa estimación fue realizada en agosto de 2023.

Schianni señala que de las ordenanzas y decretos de la Municipalidad de Pilar no surgen actos administrativos que autoricen la compra de todos los bienes antiguos secuestrados bajo los procesos legales que deben seguir las compras por contratación directa del municipio.

Este lunes, los acusados enfrentaron la primera audiencia del juicio, que se desarrolla en el segundo piso del edificio de los Tribunales Federales en la ciudad de Córdoba.

Bechis declaró desde la cárcel de Bouwer, a donde está detenido por otra causa, en la que fue condenando a cinco años de prisión por defraudación calificada por administración fraudulenta y abuso de autoridad.

Además hay otro expediente elevado a juicio por otros hechos defraudatorios con un plan de viviendas municipal.

Esas causas vuelven a tener relevancia ahora, ya que la acusación presume que parte de los fondos que se utilizaron para adquirir los muebles podrían provenir de estos hechos.

Según indicó el fiscal Carlos María Casas Nóblega, los dos imputados hicieron una declaración “muy larga”, de alrededor de una hora cada uno. “Allí explicaron, de manera general, su función dentro del municipio y dijeron que el museo sería público”, contó.

Están previstas tres audiencias más. La próxima se realizará este jueves a las 10. Se adelantó que ahora Bechis declarará de manera presencial.

En la audiencia de este lunes se tomaron otros testimonios, entre ellos el del actual intendente de Pilar, Leopoldo Grumstrup. “Fue una declaración reveladora”, dijo una fuente judicial.

Según se indicó, Grumstrup hizo un repaso del estado en el que encontró el municipio cuando ingresó como intendente en 2019 y dio detalles del despacho que usó Bechis. “Parecía el despacho de un emperador y no el de un intendente”, señaló en alusión a los lujosos muebles antiguos que había en esa oficina. Se sabe que Bechis tiene afición por los muebles antiguos.

Lo curioso es que Grumstrup pudo disponer de esa oficina recién nueve meses después de haber asumido como intendente, ya que durante ese tiempo estuvo clausurada por la Justicia federal en el marco de esta causa. Fue tal el asombro de Grumstrup cuando vio lo que había dentro que durante unos días el despacho estuvo abierto para que los vecinos lo visitaran.

Durante su declaración el actual intendente de Pilar indicó que con todos los elementos secuestrados se podrían hacer al menos tres museos.

Además se le tomó declaración a una exempleada del municipio, que ya había declarado en la etapa de instrucción, y que en esta instancia pidió hacerlo sin la presencia de los imputados. Según se indicó, esta testigo abonó la hipótesis del fraude detrás de la compra de antigüedades.

En noviembre de 2021 el juez federal de Villa María, Roque Rebak, había dictado el sobreseimiento de Bechis por presunto lavado de activos. La decisión fue apelada por la fiscal María Schianni, y finalmente la Cámara Federal ordenó continuar con la investigación.

El expediente puso bajo análisis la sospecha de que la actividad comercial con antigüedades se habría fondeado con dineros mal habidos y aprovechándose de su condición de intendente. En efecto, desde ese puesto envió proyectos de ordenanza que se aprobaron para constituir una fundación, un museo, una granja educativa y una escuela.

Para Schianni, valiéndose de su función como intendente, Bechis creó diferentes organismos en el ámbito municipal que le sirvieron de pantalla para el movimiento comercial de esos fondos.

El Tribunal Oral N°1, a cargo del juicio, está integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y Carolina Prado.