El fiscal Carlos Stornelli imputó este viernes al dirigente social Juan Grabois; a la militante de su espacio Ramona Fernanda Miño, que estuvo al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana; a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y a Jorge Miguel Tanus, que fue presidente del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández.

Todo se centra en la denuncia que se impulsó tras la auditoría ordenada por el gobierno de Javier Milei que reportó irregularidades en el manejo de fondos millonarios que engrosaron el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante el período 2020-2023.

En un dictamen entregado al jueza María Servini, Stornelli sostuvo que “resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023.

Según la denuncia, la administración de los fondos que integran ese fideicomiso “se encontraría” en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), agrupación que se encuentra encabezada por el dirigente sindical Juan Grabois. Grabois, según la denuncia, tendría alguna injerencia en el manejo y/o distribución de los fondos del FISU, señala el dictamen. Todos ellos, por eso, quedaron imputados.

La presentación señala que “a partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas”. Para ello, se destinaron “fondos por hasta USD 1.000.000.00 en los últimos tres años”, los cuales habrían sido utilizados “para beneficio propio o para campañas políticas”. La denuncia apunta a “sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos”.

En ese contexto, señaló el dictamen, “se desprende que el FISU habría incrementado sustancialmente su personal en el último período, pasando de tener tan solo 60 empleados a 600, siendo que la gran mayoría de ellos se encontrarían afiliados a la agrupación social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)”.

Frente a ello, el fiscal reclamó una serie de medidas de pruebas, luego de que se cite al denunciante, el abogado Jorge Luis Vitale, a declarar como testigo. Stornelli requirió al Ministerio de Economía de la Nación un completo informe sobre el organigrama de la Secretaría (ex Ministerio) de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda con sus respectivas áreas, autoridades, funciones y misiones, ello en el período comprendido entre el 10/12/19 y el 10/12/23.

Pero además el detalle de los nombramientos de todos los funcionarios designados en esa secretaría: “debiendo hacer especial hincapié en aquellos vinculados a Anabel Fernández Sagasti, Fernanda Ramona Miño y María Eugenia Bielsa”, dijo Stornelli. En cuanto a Jorge Tanus, deberán informar si existen constancias o actuaciones administrativas que lo vinculen con dicha secretaría o con alguna de las áreas que dependen de la misma, debiendo remitir las copias pertinentes, se reclamó.

El fiscal busca además reconstruir cómo y cuándo se creó el área Integración Socio Urbana, qué sectores y objetivos tenía y todo reglamento vinculado al manejo de fondos y su eventual aplicación y rendición. Sobre el FISU, que a su vez reporta a las dos dependencias, también se pidió el mismo detalle. “Asimismo, deberán indicar la cantidad de contrataciones de empleados que se realizaron desde el comienzo hasta el final del período investigado”, dijo.

El foco de las diligencias que dispuso Stornelli sobre el manejo de cuentas y fondos por parte del FISU es establecer, además, “si al momento de ser utilizados se realizaban rendiciones al igual que auditorías sobre la disposición y uso de los mismos”. Y de ser así reclamó copia de todo legajo administrativo labrado en el período investigado.

“Se deberá establecer y recabar copia de toda aquella actuación administrativa que posean vinculada al FISU, a la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) y a Jorge Tanus o alguno de los fideicomisos a su cargo, en particular, aquellas que se encuentren asociadas a la asignación de fondos y transferencias de los mismos para la creación de viviendas en barrios populares, correspondiendo incluir la cantidad de obras que fueron asignadas durante la gestión anterior, cuántas de ellas fueron finalizadas, y la cantidad de fondos asignados, utilizados y sobrantes”, afirmó.

La fiscalía reclamó informes sobre si “existieron organizaciones sociales que hayan intervenido, directa o indirectamente, en el manejo y/o utilización de los fondos asignados al FISU durante el período comprendido entre el 10/12/19 y el 10/12/23. De ser así, pidió todos los legajos: qué agrupaciones fue, en qué concepto intervinieron y de cuánto dinero se trató, entre otros.