La norma prevé una matrícula habilitante y un registro obligatorio para quienes se desempeñen como técnicos en emergencias médicas extra hospitalarias en la provincia de Córdoba

Este miércoles, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que regula la actividad profesional de los técnicos en emergencias médicas prehospitalarias. La sanción se dio en la 8° Sesión Ordinaria del 146° Periodo Legislativo.

La normativa establece la creación de un Registro de Matriculados obligatorio para quienes ejerzan su actividad en la provincia de Córdoba. La norma comprende a las personas que realizan las primeras atenciones médicas en situaciones de urgencia y en traslados de pacientes a instituciones asistenciales, habitualmente conocidos como paramédicos.

Además, prevé un régimen disciplinario, al tiempo que se explicitan los requisitos habilitantes de la actividad –títulos y certificados– y responsabilidades de las empresas que contraten a estos profesionales. Regula asimismo los derechos de estos trabajadores, así como sus obligaciones y prohibiciones.

El proyecto (36429/L/22) había sido presentado inicialmente en 2022 por los legisladores Nadia Fernández y Carlos Mariano Lorenzo; y también por los legisladores de mandato cumplido Diego Hak y María Elisa Caffaratti.

El borrador fue rehabilitado a fines del año pasado y desde entonces se registró un importante trabajo de comisiones que finalizó con el consenso unánime sobre el texto en las tres comisiones que trataron el despacho. En su momento las comisiones se reunieron también con especialistas y con el secretario general de ATSA, Ricardo López.

“Esta ley no es simplemente un documento jurídico vacío de contenido; esta ley es un compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los cordobeses. Al regular la actividad de los técnicos en emergencias extra hospitalarias, estamos asegurando que cada intervención sea realizada por profesionales debidamente capacitados y bajo estándares rigurosos de calidad. Estamos garantizando que cada paciente en situación crítica reciba la atención inmediata y experta que merece, reduciendo el tiempo de respuesta y aumentando las posibilidades de salvar vidas”, remarcó Fernández. Tras la sanción, el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para su reglamentación.