Unas 70 organizaciones se unen en contra del cambio en la Ley de Acceso a la Información Pública dictado por el Presidente.

El presidente Javier Milei generó controversia al modificar la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de un decreto. 

Esta modificación restringe el acceso a la información cuando se trata de «datos privados» de los funcionarios o que puedan causar «daños y perjuicios» a las personas, lo que desencadenó un fuerte repudio por parte de unas setenta organizaciones vinculadas a la prensa y la libertad de expresión.

La polémica surgió debido a que el Decreto 780/24 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional intenta limitar el derecho de acceso a la información pública, contradiciendo lo establecido por la Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso en 2016. 

Ante esta situación, entidades como Fopea, Cippec, Cels, Amnistía, Acij, Periodistas Argentinas y Poder Ciudadano expresaron su preocupación y solicitaron la derogación del decreto.

Las excepciones establecidas por la Ley 27.275 para negar información solicitada por el Estado no coinciden con lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto cuestionado. 

Este decreto amplía el secreto de la información y otorga discrecionalidad a los funcionarios públicos para definir qué datos pueden considerarse de la esfera privada de las autoridades, lo cual implica una seria regresión en materia de acceso a la información.

La modificación también introduce un artículo referido a la «buena fe», estableciendo una posible indemnización por un «ejercicio abusivo de un derecho», lo cual ha generado preocupación y rechazo por parte de las organizaciones involucradas en el reclamo.