El Ministro de Cooperativas de Córdoba, Martín Gill, pide licencia por «temas personales» mientras enfrenta graves acusaciones, incluyendo violencia de género y desvío de fondos.

En un giro inesperado dentro del ámbito político cordobés, el ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Martín Gill, ha solicitado una licencia sin goce de sueldo por “temas personales”. Esta decisión, anunciada por el Gobierno de Córdoba, llega en un momento especialmente complicado para Gill, quien enfrenta serias controversias judiciales.

El funcionario se encuentra involucrado en dos procesos judiciales significativos. La primera causa, relacionada con violencia de género, ha sido elevada a juicio por la fiscal de Villa María, Juliana Companys. Este caso tiene su origen en marzo del año pasado, cuando una mujer que había sido pareja de Gill denunció hechos de violencia física y amenazas. La situación escaló cuando Gill se presentó en la Unidad Judicial para devolver objetos personales de la mujer, momento en el cual fue imputado.

Aunque la elevación a juicio solicitada en marzo de este año fue apelada por Gill, la presión de la oposición, encabezada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, y un intento de juicio político, no lograron desplazar al ministro, ya que el oficialismo liderado por el gobernador Martín Llaryora mantuvo su respaldo mientras no hubiera una condena firme.

En un comunicado, Gill expresó su decisión de tomarse un tiempo fuera del cargo para esperar el resultado del juicio, afirmando su confianza en una resolución favorable y su intención de regresar a su puesto una vez que se aclare su situación. “Siempre estuve a disposición de la Justicia, me presenté voluntariamente, declaré, amplié mi declaración y aporté numerosos elementos porque soy inocente”, aseguró Gill.

Además de esta causa, Gill enfrenta otra investigación a nivel nacional reactivada por el juez Julián Ercolini, que remonta a 2008, cuando era Secretario de Políticas Universitarias en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En esta causa, Gill está acusado de desviar fondos de la Universidad Nacional de San Martín hacia la productora del programa 6, 7, 8.

La solicitud de licencia de Gill ha generado una serie de reacciones en el ámbito político, y se espera que continúe siendo un tema de debate en los próximos días.