Bajo el nombre de «Programa Argentina», una organización captaba mujeres para gestar bebés que luego vendían a parejas extranjeras

Una red dedicada al llamado “turismo reproductivo”, que explotaba mujeres para vender sus bebés a parejas extranjeras, está siendo investigada por la Justicia en un proceso que ya motivó una serie de allanamientos en Buenos Aires y Santa Fe. La organización se dedicaba a captar mujeres en situación de vulnerabilidad y luego promocionar la venta de los recién nacidos en el exterior. Centros médicos de fertilidad, escribanías y estudios jurídicos fueron allanados en Santa Fe y Buenos Aires por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a pedido de la fiscal federal Alejandra Mángano, quien investiga una red de “”. La causa se originó en enero, a raíz de una denuncia de la Cancillería argentina, la cual a su vez recibió aviso desde Alemania del hallazgo de una bebé nacida en Buenos Aires.

En aquel entonces, una mujer alemana de 58 años ingresó a un hospital con una bebé de tres meses en mal estado de salud, que contaba con pasaporte argentino. Al considerar que la mujer no estaba en condiciones de cuidar a la niña, el personal hospitalario avisó a la policía. La información fue transmitida al Consulado argentino en la ciudad de Bonn, lo que derivó en el inicio de una investigación en Comodoro Py, y los presuntos padres perdieron la custodia de la pequeña.

A raíz de las averiguaciones de la Justicia, se determinó que la bebé había sido inscripta en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, que permite efectuar el trámite solamente a través de un escribano, lo cual facilita las irregularidades. Los investigadores llegaron también a la conclusión de que la niña había sido vendida en el marco de un servicio de “turismo reproductivo” llamado “Programa Argentina”, que incluía la selección de la mujer que gestaría el bebé, la adquisición de los embriones que se le implantarían, el tratamiento, los controles durante el embarazo y el parto.

Para ello, los explotadores reclutaban mujeres vulnerables a través de las redes sociales, ofreciéndoles 10 mil dólares. A las parejas extranjeras que compraran sus bebés, la organización delictiva les cobraba USD$50.000. Las mujeres eran obligadas a pasar por varios intentos para dar con el embarazo y, en caso de interrumpirse la gestación, no recibían ninguna clase de compensación más allá de los mínimos gastos mensuales, detalló el diario Perfil. Es común, además, que estos procedimientos impliquen rigurosos controles que perjudican la libertad de movimiento y la autonomía de la madre, así como fuertes impactos psicológicos. Entre 2018 y 2023, se registraron 147 casos de explotación reproductiva -eufemísticamente llamada subrogación o alquiler de vientres- y al menos 49 fueron para satisfacer la demanda de ciudadanos extranjeros. «En ninguno de estos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas», advirtieron fuentes de la investigación citadas por el mencionado medio. La fiscal Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación (PROTEX). La Fiscalía advirtió también que «la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su art. 15 donde los constituyentes previeron expresamente que ‘todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice». En nuestro país existe un fuerte vacío legal respecto de las prácticas llamadas turismo reproductivo, gestación subrogada o alquiler de vientres, que en general redundan en situaciones de explotación reproductiva