“El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos”, escribió anoche el portavoz del gobierno, Manuel Adorni

 “Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina”, agregó el funcionario de Javier Milei.

La medida está enmarcada en el proceso de desregulación de buena parte de la administración pública y empresas asociadas al Estado nacional que lleva adelante la gestión de Milei y que encabeza el ministro de área, Federico Sturzenegger.

La estatal Correo Argentino es una de las empresas públicas que estuvo siempre en los planes privatizadores del Gobierno. Es una de las compañías que el oficialismo excluyó de la lista de privatizaciones que se votó dentro de la Ley Bases, aunque luego se quitaron de esa nómina junto a Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

Ahora, luego de los paros en el sector aerocomercial y de un nuevo intento oficial por privatizar el área oficial -total o parcialmente- regresa la idea de sumar la estrategia al Correo.

Tiene 1.452 sucursales en todas las provincias, 3.675 unidades postales y unos 13.600 empleados. En los últimos 15 años, el volumen de transporte de cartas se redujo en un 80%. Y hoy su principal negocio es el transporte de paquetes de las empresas de comercio electrónico, que tiene un volumen inferior al de otros países de la región pese al avance de los últimos años.

En paralelo al intento privarizador, se inició un proceso de saneamiento de la empresa. En junio pasado, su presidente, Camilo Baldini, detalló el proceso de mejoras presupuestarias, ya que el año pasado registraron un déficit de $100.000 millones. El objetivo es llegar a un resultado equilibrado a fin de este año, dijo este contador egresado de la Universidad del Salvador, experto en gestión logística y cadenas de distribución. En abril de 2023 el déficit era del 55% de la facturación y un año después ya bajó al 20%.