El Gobierno nacional tiene listo un decreto con el que dará inicio al proceso de licitación de la principal ruta del Mercosur, estratégica para el comercio en la Argentina y apuntada por empresarios por su estado actual
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía, había publicado en noviembre del año un cronograma en el que detallaba que el proceso de traspaso de los caminos al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. Atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Son unos 675 kilómetros de extensión.
Se trata de un primer paso en un camino por avanzar en la privatización de las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas; en muchos casos sin adjudicar o a cargo de la empresa estatal Corredores Viales. Representa el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentra el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes y un ahorro previsto para el Estado, estimado oficialmente, equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años.
La convocatoria para esta etapa estaba prevista para diciembre, con fecha original para la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025. El día 9 de ese mes vencerá el contrato de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), empresa concesionaria desde 1990 y que demandó al Estado por incumplir con ajustes de tarifas y la renegociación del contrato desde 2009.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó este miércoles un comunicado en el que daba su acompañamiento a la Federación Económica de Corrientes (FEC) en el pedido a las autoridades nacionales de ejecutar reparaciones necesarias en esos tramos del Corredor 18.
Se licitarán 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentran el 80 por ciento del tránsito.
“El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales. Es indispensable que las rutas 12 y 14 sean transitables y seguras, lo que conlleva un impacto positivo en el desarrollo productivo, turístico y social de las provincias comprendidas”, sentenció CAME.
La empresa CRUSA sostiene que el atraso tarifario no permitió el adecuado mantenimiento de los caminos y ahogó a la firma financieramente. Recientemente homologó un acuerdo con la mayoría de sus acreedores tras presentar un proceso preventivo de crisis. En el Gobierno señalan que se avanzará en la nueva licitación, por lo que no se renegociará el contrato actual, y que habrá nueva concesionaria de las rutas a partir del 10 de abril.
