La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), radicó una denuncia penal por evasión fiscal contra el senador bonaerense Sergio Raúl Vargas

 La presentación fue realizada este jueves ante el Juzgado en lo Penal Económico N°11, a cargo de la jueza Verónica Straccia, bajo el expediente 249/2025.

De acuerdo con la denuncia, Vargas no habría justificado incrementos patrimoniales detectados en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondientes al año fiscal 2022.

Las autoridades sostienen que el caso reviste especial gravedad debido a la doble condición del denunciado como legislador provincial y funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El escrito presentado ante la Justicia sostiene que “el contribuyente ha desplegado un ardid tendiente a disminuir los montos de los impuestos a ingresar al fisco y, de esa manera, evadir parcialmente el pago de aquellos”.

Según el ente recaudador, Vargas “omitió declarar operaciones gravadas, disminuyendo de esa forma el débito fiscal y las ganancias obtenidas en el ejercicio”.

La presunta maniobra fue detectada tras una verificación que reveló inconsistencias entre los consumos registrados con tarjetas de crédito y débito y los montos informados en su declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias correspondiente al año 2022.

Así, las autoridades acusaron a Vargas por el delito evasión tributaria simple en relación con el Impuesto al Valor Agregado del ejercicio 2022, con una deuda de $2.337.224,40, y con el Impuesto a las Ganancias del mismo período, por un total de $3.895.374,01.

Vargas fue notificado de las supuestas irregularidades a mediados de enero pasado y presentó liquidaciones, resúmenes de pago y otra documentación requerida durante los primeros días de febrero. El organismo advirtió diferencias entre los montos declarados y los consumos registrados. De esa manera, se estableció un sistema de pago para regularizar los saldos.

A partir de esa deuda tributaria, el organismo pidió a la Justicia que el senador sea convocado a indagatoria, que se eleven a juicio las actuaciones y que se condenen los hechos denunciados a la pena máxima del delito en cuestión, que está contemplado en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430 y castiga con dos a seis años de prisión a quien lo cometiere.

En caso de que la investigación penal no prospere, desde el ARCA informaron que evaluarán sanciones correspondientes.