La Justicia Federal avanza contra Yiyo Ramallo, acusado de organizar desde la cárcel una estructura criminal con vínculos con Los Monos
Evelio “Yiyo” Ramallo, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, será llevado a juicio por organizar y financiar una estructura narco con células operativas en Córdoba y Santa Fe.
La fiscal federal de San Francisco, María Marta Schianni, solicitó la elevación a juicio de una causa que lo señala como líder de una red dedicada al tráfico de drogas, operando incluso desde distintos penales federales.
El expediente detalla que la organización criminal obtenía droga en Paraguay, la ingresaba al país a través de Misiones, y la almacenaba en Rafaela para su distribución en localidades como Morteros, Brinkmann y Frontera.
Desde la cárcel, Ramallo coordinaba operaciones mediante teléfonos celulares ingresados de forma irregular y contactos con personas que lo visitaban.
Además del acusado principal, hay más de 25 personas procesadas, entre ellas su expareja y mano derecha, Eunice Febe Trossero, detenida en Rosario.
Según la investigación, se trataba de una “empresa criminal” con roles definidos, permanencia en el tiempo y un uso sistemático de la violencia.
Una red violenta y organizada desde prisión
Ramallo operó desde al menos cuatro unidades penitenciarias distintas: Chaco, Marcos Paz, Rawson y Ezeiza. Durante ese tiempo, impartió órdenes para el abastecimiento y distribución de cocaína y marihuana, la administración de fondos ilícitos y el sostenimiento logístico de la banda.
El control territorial lo aseguraba mediante amenazas, balaceras y homicidios.
El caso ganó notoriedad nacional en febrero de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad difundió su traslado en helicóptero desde Rawson a Ezeiza.
Las imágenes mostraron a Ramallo con chaleco antibalas y casco, y fueron acompañadas por un mensaje que lo identificaba como “el narco que premiaba a sus sicarios por tiros en la cara”.
A su prontuario se suma una condena a 20 años por el asesinato de José Luis Cáceres en Morteros, en febrero de 2022. La fiscalía sostiene que Ramallo dio la orden de ese crimen desde prisión, en un intento por mantener el dominio sobre el circuito narco de la región.