Beatriz Busaniche advirtió que esta forma de monitoreo digital sin control judicial amenaza derechos básicos como la libertad de expresión

El Ministerio de Seguridad de la Nación volvió a impulsar el ciberpatrullaje, una práctica que ya había sido implementada por Patricia Bullrich en su anterior gestión y que ahora regresa con mayor alcance y sin control judicial. 

La medida reactivó el debate sobre los límites de la vigilancia estatal en redes sociales y el respeto a las libertades individuales.

Beatriz Busaniche, referente nacional en derechos digitales y fundadora de la Fundación Vía Libre, dijo. “Se trata de una vigilancia encubierta. No sabés que la policía te está mirando. No hay uniforme ni patrullero. Te observan desde el anonimato”, explicó.

¿Qué es el ciberpatrullaje?

Según detalló Busaniche, el ciberpatrullaje implica un monitoreo sistemático de redes sociales a través de lo que se conoce como «inteligencia de fuentes abiertas». 

Esto no incluye el acceso a mensajes privados o conversaciones encriptadas, sino la recopilación de datos y opiniones vertidas públicamente en plataformas como X (ex Twitter), Facebook, Instagram o TikTok.

“No se trata solo de vigilancia: es la posibilidad de reconstruir tu historia digital, archivar tus opiniones y usarlas como antecedente en un contexto de criminalización del discurso. Una crítica hecha hace años puede reaparecer fuera de contexto”, advirtió.

Un modelo sin controles

Otro de los puntos más críticos señalados por la especialista es la ausencia total de regulación judicial. “No hay juez, no hay notificación, no hay posibilidad de defensa. Se elige a quién vigilar, con qué criterios y por qué, todo sin supervisión. Hoy se usa para seguir saqueos o delitos, pero mañana puede aplicarse sobre una protesta legítima o un reclamo social”, alertó.

Además, Busaniche remarcó que esta nueva etapa del ciberpatrullaje fue implementada por decreto, sin pasar por el Congreso ni abrir un debate institucional. 

“No se discutió en el Parlamento, no hubo audiencias públicas. Eso representa un retroceso en materia democrática”.

Más poder para la inteligencia estatal

Una parte aún más sensible de la reforma es que todo el sistema de ciberseguridad pasará a depender directamente de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), lo cual refuerza la preocupación por la falta de transparencia. 

“No conocemos el Plan Nacional de Inteligencia, ni los criterios de vigilancia, ni los controles internos. Estamos completamente a ciegas frente al poder estatal”, concluyó.

La medida vuelve a colocar en tensión el equilibrio entre seguridad y derechos, especialmente en un contexto donde el uso de la tecnología y las redes sociales es parte del espacio público y político.