InicioNacionalesYPF: audiencia urgente entre la Argentina y los demandantes

YPF: audiencia urgente entre la Argentina y los demandantes

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La jueza Loretta Preska ordenó la realización de una audiencia de descubrimiento el próximo 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York

La convocatoria responde a un pedido de los demandantes en el caso YPF, que buscan obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con el objetivo de avanzar en embargos.

Los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF solicitan obligar al país a responder completamente una subpoena de información. Según documentos judiciales, el gobierno argentino ya presentó su respuesta al pedido de los demandantes. La audiencia se realizará pocos días después de que el país apelara la orden judicial que lo obligaba a transferir las acciones de la petrolera.

Ayer se conoció que el Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Preska, que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La decisión se formalizó el 9 de julio mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.

La apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina.

La demanda “madre” de este caso tiene que ver con la expropiación de YPF, que realizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023 y luego de ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, el estudio que compró los derechos a litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.

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