Al menos 17 personas fueron detenidas durante un operativo policial que buscó desalojar una protesta mapuche frente a la Gobernación de Neuquén

“No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido”, comunicó la Confederación Mapuche de Neuquén en comunicado tras los incidentes. El mensaje, dirigido al gobernador Rolando Figueroa, resume la tensión que se vivió este domingo en la capital provincial y expone el trasfondo de un conflicto que involucra derechos, identidad y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.

La intervención policial se produjo tras una orden firmada por el fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, quien otorgó a los manifestantes un plazo de dos horas para retirarse voluntariamente. Al no acatar la intimación, la policía procedió al desalojo, que incluyó la participación de 120 agentes, la Policía Metropolitana, la policía motorizada, bomberos y ambulancias, y el establecimiento de un perímetro de 200 metros para bloquear el tránsito.

El operativo, que se desarrolló cerca del mediodía, estuvo marcado por momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad, los manifestantes y quienes se acercaron a respaldar el reclamo.

Según la información oficial difundida por el gobierno a diario Río Negro, 11 hombres fueron trasladados a la Comisaría 2° y seis mujeres, a la Comisaría 17°. Sin embargo, la Confederación Mapuche y organizaciones acompañantes sostienen que el número de detenidos asciende a 22.

Además, el gobierno reportó que un policía, el comisario inspector Marcos Mazzone, resultó herido tras ser mordido por una persona que se resistía, mientras que los manifestantes denunciaron que un niño debió recibir atención médica en el hospital Castro Rendón.

El trasfondo del conflicto radica en la demanda de reconocimiento legal de las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú).

Actualmente, estas comunidades carecen de los documentos que las reconozcan oficialmente, lo que las excluye de los relevamientos territoriales y les impide exigir la aplicación de la consulta previa, libre e informada.