En medio de la escalada de las últimas horas por parte del Gobierno con la firma de los vetos a la ley de emergencia en pediatría como al financiamiento universitario, los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron que realizarán un nuevo paro

La huelga que afectará al funcionamiento del centro de salud pediátrico más importante del país comenzó este viernes desde las 7 de la mañana, hasta las 19 horas del día domingo. Además, los voceros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT) adelantaron que prevén realizar una nueva movilización.

Todo escaló en las últimas horas, luego del anuncio del Gobierno respecto al veto de la normativa recientemente aprobada en el Congreso, que buscaba fortalecer el financiamiento y garantizar mejores condiciones laborales para los profesionales del hospital. En ese sentido, desde los gremios señalan que existe una percepción compartida entre los trabajadores de desamparo y preocupación, elevada por la persistente fuga de personal y el deterioro paulatino de recursos esenciales para el funcionamiento.

La ley de emergencia en pediatría fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, y comprendía dos puntos centrales: una recomposición salarial para los trabajadores de los hospitales pediátricos y una actualización en la partida presupuestaria destinada a estos centros. El proyecto fue impulsado como respuesta a la crisis creciente evidenciada en los principales hospitales del país, donde la falta de fondos y la depreciación de los salarios generaron renuncias masivas, dificultades para cubrir guardias y un retroceso en la calidad de atención proporcionada a la población infantil.

Según remarcan los especialistas, el papel del Hospital Garrahan en este contexto es clave, porque se trata del principal centro de alta complejidad especializado en infancias y adolescencias.

El Poder Ejecutivo formalizó el veto a la ley bajo el argumento de que su aprobación implicaría una afectación significativa a las cuentas públicas en un contexto de restricción presupuestaria. Desde la Casa Rosada, se consideró que la norma podía generar un efecto cascada sobre otros sectores y que, además, la solución a los problemas estructurales de la salud pública no puede basarse en aumentos puntuales de partidas sin una revisión integral del modelo de financiamiento.

El texto del decreto de veto aludió a la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal” y advirtió que la propuesta legislativa, de aplicarse, incrementaría compromisos de erogación sin la previsión de nuevas fuentes de financiamiento ni mecanismos de asignación eficiente de recursos, en línea con el planteo general del Gobierno en materia presupuestaria y de control del gasto.