La Legislatura de Córdoba fue allanada en las últimas horas por orden del fiscal Anticorrupción Franco Mondino, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal
El operativo, realizado este viernes por la mañana, tuvo como objetivo secuestrar documentación vinculada a contratos, normativas y reglamentos internos.
El procedimiento fue autorizado por el juez de Control Gustavo Hidalgo y contó con la participación de efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal.
La investigación se desprende del expediente en el que está imputado por presunta defraudación a la administración pública Guillermo Kraisman. El hecho que encendió las alarmas ocurrió cuando Kraisman, junto con Luciana Castro, intentó cobrar el primer sueldo correspondiente a Virginia Martínez —contratada en diciembre por la Legislatura— utilizando el DNI de la trabajadora. La maniobra fue detectada por un cajero bancario, quien impidió la operación y dio aviso a las autoridades. Ambos fueron detenidos el 16 de enero.
El caso, conocido como el de la “empleada fantasma”, provocó un fuerte impacto institucional y abrió la puerta a una pesquisa más amplia sobre posibles irregularidades en la contratación de personal dentro del ámbito legislativo. Las autoridades judiciales no descartan nuevas medidas en los próximos días.
