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Llaryora advierte una situación crítica por la suspensión de fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones

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La Provincia proyecta un déficit previsional de más de $821 mil millones para 2026 y denuncia que la Nación no garantiza los aportes compensatorios. El Gobierno analiza medidas para sostener el sistema.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ocupar el centro del debate político ante el incremento del déficit previsional y la falta de garantías sobre los giros nacionales. Según el Presupuesto 2026, el gasto del sistema ascenderá a $2,63 billones, mientras que los aportes de los trabajadores activos alcanzarán apenas el 69% del total, generando un rojo operativo estimado en $821.292 millones.

La Provincia sostiene, además, que la Nación adeuda cerca de $1 billón en concepto de compensación por la armonización previsional. Aunque en 2025, tras una intervención de la Corte Suprema, la Anses comenzó a enviar $5.000 millones en 12 cuotas fijas, ese monto está ahora en duda. Los técnicos de la Caja estiman que serían necesarios unos $20.000 millones mensuales para sostener el sistema.

Ante este escenario, el legislador Matías Chamorro propuso declarar la “Emergencia de la Caja de Jubilaciones”, mientras que desde el oficialismo provincial se plantea aplicar una cláusula de “solidaridad previsional” para los haberes más altos: quienes cobren más de $2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional. El objetivo es garantizar que el 85% de los jubilados recupere el 82% móvil mediante un adicional no remunerativo.

El presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, advirtió que la Caja enfrenta “una situación crítica” y que, sin medidas urgentes, la provincia se acerca a un “precipicio financiero”. Entre las iniciativas que evalúa el Gobierno se incluye un incremento del 4% en los aportes personales para sectores específicos.

En contraste, se descartan cambios en la edad o condiciones jubilatorias de policías y docentes, que representan casi el 80% de la planta estatal. La situación recuerda al conflicto de 2012, cuando Córdoba debió crear la tasa vial para compensar recortes de fondos nacionales.

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