Tras un extenso y tenso debate, se sancionó la ley que declara la emergencia previsional en Córdoba y habilita un adicional para jubilaciones mínimas y el aumento de aportes de trabajadores activos.

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que declara la emergencia del sistema previsional provincial por cinco años, con posibilidad de prórroga automática. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y generó fuertes cruces con la oposición y los gremios.

La norma busca garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, afectada por una profunda crisis financiera y la falta de transferencias nacionales. Entre los principales cambios, se destaca la restitución parcial del 82% móvil para los jubilados de menores ingresos.

Según lo aprobado, se implementará un adicional mensual no remunerativo que permitirá que unos 60 mil jubilados, con haberes cercanos a $1.300.000, alcancen el 82% de la remuneración. Sin embargo, la medida no restituye el beneficio de manera universal y deja fuera a los jubilados con ingresos más altos.

La ley también habilita al Ejecutivo provincial a incrementar los aportes personales de los trabajadores activos hasta un 8%, con escalas progresivas que impactarán principalmente en sectores como judiciales, bancarios, empleados de EPEC y municipales.

Otro punto central es la suspensión del Fondo Solidario para Desequilibrios durante la vigencia de la emergencia, lo que abrió un fuerte debate sobre el financiamiento futuro del sistema previsional.

Desde el gobierno de Martín Llaryora defendieron la medida como necesaria para proteger a los jubilados más vulnerables, mientras que la oposición y los sindicatos la calificaron de “perversa” y anticiparon nuevas protestas.