Luego de que la Corte Suprema anulara sus aranceles por considerarlos inconstitucionales, el presidente estadounidense recurrió a otra ley comercial para mantener su política proteccionista.
Horas después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara sus aranceles globales por considerarlos facultad exclusiva del Congreso, Donald Trump anunció que aplicará un arancel general del 10% utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
El mandatario dijo sentirse “absolutamente avergonzado” por el fallo judicial y acusó a los países extranjeros de “estafar” a Estados Unidos durante años.
La decisión judicial marcó un límite institucional claro: el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades tributarias sin aval del Congreso. Sin embargo, Trump busca sostener su política proteccionista apelando a otras herramientas legales que permiten restricciones temporales por hasta 150 días.
El episodio vuelve a poner en debate el alcance del poder presidencial y la tensión entre la Casa Blanca y el sistema judicial. Pese a haber designado tres jueces durante su primer mandato, el máximo tribunal falló en su contra en uno de los ejes centrales de su agenda económica.
Analistas advierten que la insistencia en una escalada arancelaria podría profundizar tensiones comerciales globales y generar mayor volatilidad económica.
