La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia en el marco de la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial.

 El funcionario fue denunciado por malversación de fondos públicos por la diputada Marcela Pagano, el abogado Gregorio Dalbón y un grupo de legisladores nacionales.

La fiscal federal Alejandra Mángano dio un paso concreto en la causa abierta por el traslado de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el avión presidencial ARG-01 durante el viaje de Javier Milei a Nueva York para la «Argentina Week». La funcionaria judicial solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, la lista de pasajeros del vuelo y las normas que regulan el uso de la aeronave.

La causa fue delegada por el juez Daniel Rafecas a Mángano y tiene como antecedente las denuncias presentadas en Comodoro Py por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, a las que recientemente se sumó un grupo de legisladores nacionales. Los cargos incluyen el delito de malversación de fondos públicos.

El abogado Dalbón sostuvo que el avión presidencial es un bien público de uso restringido, destinado al traslado del presidente, funcionarios del Poder Ejecutivo y delegaciones oficiales en el marco de misiones institucionales del Estado, condición que Angeletti no cumple.

Tras la difusión de una imagen de Angeletti en una actividad de la comitiva, Adorni confirmó que su esposa viajó en el ARG-01 y que ambos se alojaron en el hotel The Langham, con un costo estimado de no menos de 3.700 dólares por noche. El funcionario intentó minimizar el escándalo al afirmar que la inclusión de su pareja no había generado costos al Estado; el propio Milei lo calificó de «costo marginal».

El episodio adquirió mayor relevancia al recordarse que, días antes del viaje, el mismo Adorni había firmado una resolución que restringía la integración de las comitivas oficiales. Además, circuló un video en el que el funcionario se burlaba del uso que el kirchnerismo había hecho de los aviones oficiales.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició actuaciones no solo por el viaje a Nueva York, sino también por un traslado del jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este en un avión privado.