La fiscalía de Soledad Carlino avanza en la investigación e investiga posibles conexiones entre los distintos episodios, inclusive con otras provincias. La Justicia advirtió que no se trata de una broma sino de un delito con consecuencias penales.

La Justicia de Córdoba acumula 61 denuncias y 15 imputados en el marco de la investigación por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de la provincia. Los hechos se encuadran bajo la figura de amenazas calificadas por anonimato y responden a un patrón común: pintadas con mensajes violentos en baños y paredes de colegios de distintos puntos del territorio provincial.

De los 15 imputados, 8 son menores de edad imputables, adolescentes de entre 16 y 18 años que ante la ley deben responder penalmente por sus actos. Los 7 restantes son atribuidos, es decir adolescentes menores de 16 años considerados no punibles, a quienes se les adjudica la autoría pero que quedan bajo un régimen de resguardo y tratamiento especial.

La investigación, liderada por la fiscalía de Soledad Carlino, rastrea pruebas para determinar si existen conexiones entre los distintos episodios o si se trata de hechos aislados bajo una modalidad de «contagio», con posibles vínculos inclusive con otras provincias. Fuentes judiciales advirtieron que, aunque muchos de estos actos son realizados bajo la apariencia de una broma o para evitar exámenes, las consecuencias legales son serias. «La movilización de recursos policiales, el pánico de los padres y la interrupción del ciclo lectivo no son gratuitos ante la ley», señalaron.