El interventor Alejandro Vilches presentó ante el juez Lijo un informe que detecta desvíos críticos en 505 expedientes por más de 18.000 millones de pesos. El documento involucra a proveedores vinculados a los audios de Diego Spagnuolo y escala la disputa interna en el Gobierno.

El interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado del juez Ariel Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios detectada por el fiscal Franco Picardi en la investigación sobre el caso de las presuntas coimas vinculadas a los audios de Diego Spagnuolo. El documento detecta desvíos en 505 expedientes que comprometen un presupuesto total de más de 18.368 millones de pesos, de los cuales cerca de 4.770 millones están aún pendientes de liquidación.

Entre los casos más graves, el interventor señala una factura por un equipo de prestaciones con un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia. También detectó desvíos superiores al 800% en otros expedientes. Además, el informe identifica una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público. Uno de los ejemplos señalados involucra a dos empresas del rubro ortopedia cuyos directivos son madre e hijo.

La presentación tiene una lectura política en el marco de la interna del Gobierno. Vilches responde al ministro de Salud Mario Lugones, cuyo hijo es socio de Santiago Caputo, el asesor sin cargo de Milei. Fuentes libertarias interpretan la presentación como parte de la escalada de la disputa entre Caputo y Karina Milei, profundizada desde que la secretaria general de la Presidencia impulsó el desplazamiento del segundo de Caputo en el Ministerio de Justicia y la designación de Juan Bautista Mahiques como reemplazante.

El informe llega en un momento de alta tensión judicial, con cruces entre la Casa Rosada y sectores del Poder Judicial y con el expediente Spagnuolo bajo sospechas de congelamiento tras el pedido de Lijo a la Gendarmería para peritar los audios del caso.