El lunes pasado hubo 90 allanamientos en todo el país por orden de tres fiscalías federales de Córdoba, investigan una mega estafa.

Robaban claves fiscales de personas de bajos recursos para evadir impuestos. El lunes hicieron más de 90 allanamientos en todo el país. Tres fueron en Villa María.

Los fiscales federales de Córdoba capital Maximiliano Hairabedián y Enrique Senestrari, junto al fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, investigan una maniobra utilizada por estudios contables que se valen de las claves fiscales de personas de bajos recursos para hacer facturas apócrifas que son utilizadas por empresas -clientes de estos estudios contables- con el fin de evadir impuestos.

El monto de lo facturado de manera “trucha” supera los dos mil millones de pesos, lo que implica una evasión impositiva de casi 400 millones, dado que esos clientes descargaban el IVA con la facturación apócrifa, inventando compras inexistentes.

Aun cuando es grave esa evasión, porque implica que en esta época de crisis por la pandemia el Estado deja de recaudar fondos que deben ser destinados a la salud, educación y seguridad, hay otras víctimas de carne y hueso que sufrieron los perjuicios de esta trama delictiva.

Se trata de las personas a las que les utilizaron su nombre y su clave fiscal para hacer esas facturas. Muchas de estas personas dejaron de percibir beneficios que eran de carácter alimentario, tales como la Asignación Universal o el IFE, debido a que les dieron de baja por el monto que supuestamente habían facturado. Y es más, como ni sabían de esa maniobra que los tenía como involuntarios protagonistas, se encontraron con deuda ante la AFIP. Es decir, más pobres, con más deudas y sin beneficios sociales.

La primera en detectar la evasión fue la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que, según la jurisdicción, iba presentando los casos a las fiscalías federales que correspondía.

De esta manera, se encontraron expedientes que iban en el mismo sentido en la Fiscalía Federal Nº 1 y la Nº 3 de capital y la de San Francisco. “Fue un trabajo importante confluir juntos las tres fiscalías y dos juzgados para hacer los más de 90 allanamientos en todo el país de manera contemporánea y con diversas fuerzas de seguridad. Creo que resultó bastante satisfactorio”, expresó Luis María Viaut en diálogo con El Diario. “Si actuaba una fiscalía primero y la otra después, se iba a alertar a todos los involucrados y el resultado no iba a ser el mismo”, agregó.

En principio, se pudo conocer que la investigación, que comenzó hace un año y medio, pudo corroborar la existencia de al menos dos “células” organizadas para cometer delitos. Una vinculaba a los contadores de Córdoba capital y la otra en San Francisco. Los profesionales investigados en Villa María están, según la investigación, asociados para compartir datos de esos “facturantes” con los profesionales de Córdoba capital.

Se pudo conocer que casi la mitad de las órdenes de allanamiento partieron desde San Francisco. Fueron a estudios contables, empresas, domicilios particulares desde donde se detectó el IP (identidad de las computadoras) desde donde emitían las falsas facturas electrónicas y domicilios que figuraban en las facturas apócrifas, muchos de los cuales resultaron inexistentes, porque correspondían a esas empresas “fantasmas”.

“Nosotros ordenamos nueve detenciones y quedan tres pendientes que están siendo buscados”, expresó. Los allanamientos que se pidieron desde San Francisco fueron en las localidades de Devoto, Morteros, Rosario, el propio San Francisco, Buenos Aires, San Juan, Formosa, Chaco, Cosquín, Frontera, Isla Verde, entre otros.

La otra mitad de los allanamientos fueron dispuestos por la Justicia Federal de Córdoba capital. En total, se efectuaron 93 registros en inmuebles ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto a los allanamientos, más de 50 estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, mientras que el resto por razones de distribución y de las medidas restrictivas por la pandemia de COVID-19, fueron encomendadas a otras fuerzas de seguridad como la Policía Aeroportuaria y la Federal.

En lo que hace a detenciones, además de las nueve ordenadas por San Francisco hay otras cuatro personas más de Córdoba capital, dos hombres y dos mujeres. Para Villa María no hay orden de detención alguna.

Sobre los allanamientos en Villa María las fuentes judiciales confirmaron que fueron tres: uno en el comercio de venta de celulares que está ubicado frente a la plaza Centenario, el otro en un estudio contable y el tercero en un barrio privado, informaron fuentes judiciales. Las personas involucradas son dos contadores, tal como publicamos ayer, se trata de Sergio Gilabert y Mario Morselli.

Pese a que el jefe del Escuadrón Villa María de Gendarmería Nacional, Gustavo Arancibia, negó la información del procedimiento a El Diario, desde esa fuerza proporcionaron detalles de la información.

“Personal de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Córdoba y San Francisco, dependientes de la Agrupación XX Córdoba, con el apoyo de Unidades de Rafaela, Santiago del Estero, Buenos Aires y Campo de Mayo; junto a integrantes del Destacamento Móvil 3 Sargento Ayudante Ramón Gumercindo Acosta, realizaron los 54 allanamientos ordenados a esta institución”. El resto, como dijimos, lo hicieron otras fuerzas.

El comunicado de Gendarmería sigue diciendo que “con el fin de incautar elementos de interés a la causa y lograr la detención de las personas involucradas, los gendarmes por orientación del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba allanaron 17 domicilios situados en Mendiolaza, Villa María, Arias, ciudad de Córdoba, provincia y Ciudad de Buenos Aires, Sunchales (Santa Fe) y en Colonia Alpina (Santiago del Estero)”.

Los más de 90 procedimientos se hicieron con el acompañamiento de integrantes de AFIP y entre los elementos decomisados, además de pesos, dólares y automóviles, las fuerzas de seguridad se encontraron con la sorpresa de que también había estupefacientes, por lo que en el “inventario” de lo secuestrado anotaron “gramos de cocaína”.

La Justicia Federal avanzará en esta etapa con la investigación de las personas acusadas por “asociación ilícita” con el fin de evadir impuestos. En una segunda etapa pondrán en la mira a los “clientes”, es decir, a las empresas que se vieron beneficiadas con la maniobra.

Fuente: El Diario