La Cámara Federal de Posadas ratificó el fallo del pasado 12 de enero de la Justicia de primera instancia donde se suspendió un artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU N°70) del presidente Javier Milei que pretende desregular el mercado de la yerba mate.

El fallo lleva la firma de los camaristas Mirta Delia Tyden, Analía Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y la secretaria civil de Cámara, Verónica Susana Zapata Icart.

Mediante esta decisión, los camaristas ratificaron el primer fallo de la jueza Adriana Fiori, titular del Juzgado Civil y Comercial N°8 de Misiones, quien hizo lugar a una medida cautelar pedida por 20 productores, nucleados en ocho asociaciones, que calificaron al decreto presidencial como “una auténtica estafa institucional” y cuestionaron el escaso control parlamentario del mismo.

En el pedido, los productores sostuvieron que la entrada en vigencia del decreto pone “en riesgo cierto e inminente el derecho a la salud de miles de productores yerbateros y sus familias, como beneficiarios del Convenio de Cobertura de Salud Integral” que fue firmado en abril del año pasado entre el gobierno de Misiones y el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM).

Ahora los camaristas tomaron los mismos fundamentos al coincidir en que al pasar la recaudación del INYM a la órbita del Estado nacional, se genera el “inminente vaciamiento o desfinanciamiento y por ende la imposibilidad de contar con recursos propios para cumplir con sus obligaciones legales y convencionales, entre ellas la de aportar los fondos o recursos pertinentes para la ejecución del régimen de Cobertura Sanitaria Integral implementado a través del convenio”.

En su resolución, la magistrada suspendió un capítulo del DNU para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate”.

Según fuentes el recurso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde también hay presentaciones de otras provincias. Ese trámite inició en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de Posadas, del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, quien se declaró incompetente y pasó todo a la Corte.