La Justicia de Villa María ordenó al Instituto del Rosario a pagar por los daños psicológicos y morales que padecieron dos alumnos, de 4 y 11 años.

En 2019, un pequeño que asistía a la sala de 4 del jardín del Instituto del Rosario, empezó a manifestar síntomas inusuales: se hacía pis, tenía vómitos antes de ir a la escuela y hasta sufría mareos y desmayos.

La mamá, atenta a estos signos, decidió consultarlo con una psicóloga. “La profesional le recomendó que lo enviara a otro espacio, con pares de la misma edad, para ver si el problema era del niño o bien, era por algo que pasaba en la escuela”, comenzó relatando Verónica Arregui, abogada de la familia.

El pequeño inició una actividad nueva en el Conservatorio, la que disfrutó y a la que asistía feliz. Entonces, el problema estaba en la escuela. “Cuando pudo verbalizar lo que pasaba, habló de que un compañerito, de su misma edad, lo tocaba de manera impropia”, agregó la letrada. No solo eran las palabras del niño, sino también, hubo lesiones físicas.

“Ante esto, la mamá hizo lo que cualquier mamá haría: lo habló primero con la maestra, luego con la directora y hasta con el representante legal de la escuela. Pero no tuvieron respuestas”, dijo.

Cabe señalar que se trata de una familia que era parte de la vida rosarina, con dos hijos ya egresados de la institución, el niño que asistía al jardín de 4 y otro pequeño que en ese año, estaba cursando el sexto grado.

 Los reclamos de la mamá siguieron su curso, pero le llegaron a decir que si seguía con la conducta de quejas “estaba en jaque la matrícula de sus dos hijos”.

La mujer no estaba dispuesta a bajar los brazos. Sabía que su hijo sufría abusos y lo iba a defender. Habló con otras mamás y ahí supo que eran varios los que atravesaban por la misma situación.

Realizaron un reclamo común en la puerta de la escuela y finalmente, la institución le comunica la expulsión del niño en la sala de 4 y de su hermano de 11 años, por “la inaceptable conducta de los padres”, argumentaron.

Hay que señalar que el más pequeño, tal como indicaron los peritos psicólogos, tuvo alivio al ingresar a una nueva escuela “donde no hay chicos malos”, como él mismo expresa.

Pero al niño de 11, lo desarraigaron de su grupo. “Cambió su carácter, dejó de practicar su deporte favorito y tenía episodios de mucha tristeza, por lo que injustamente le tocó vivir”, dijo Arregui.

Consiguió un banco en otra escuela para que pudiera empezar el secundario, pero el daño ya había sido causado.

Fue por eso que después de la pandemia, en 2022, decidieron ir a la Justicia.

La causa recayó en el juez Sebastián Monjo, quien el 17 de mayo condenó al Instituto del Rosario a pagar una cifra cercana a los 12 millones de pesos, por los daños psicológicos y morales causados por la institución a los dos niños. Además, condenó como garante del pago a la compañía aseguradora de la escuela y ordenó al Instituto del Rosario a que, si los niños quieren, se puedan matricular y continuar sus estudios allí.

En la sentencia, el magistrado hace un llamado de atención a la parte denunciada porque hizo un relato diferente de la situación, pero sin presentar ninguna prueba que lo avale. Tampoco sumó testigos ni recurrió a ninguna de las instancias conciliatorias.

En su resolución, Monjo hace un análisis de lo que representa la escuela para un niño, indicando que “el escenario escolar constituye un hogar”. Agrega que el carácter profesional de una institución educativa le exige “mayor prudencia” en las decisiones, máxime cuando los destinatarios de ella son niños.

También ponderó las conclusiones de la psicóloga que fue la perito oficial. La profesional advirtió que el pequeño de cuatro años presenta dificultades “producto de la vivencia sexual inadecuada que padeció como víctima”. Mientras que el de 11, tiene una afección psíquica “producto directo de la actitud expulsiva de la institución educativa ante la situación de la que habría sido víctima su hermano menor. Situación agravada por el hecho de que el propio Instituto del Rosario era el responsable directo del cuidado del menor. Toda esta situación ha implicado para él un episodio traumático e inédito en su historia vital, que irrumpió en el desarrollo de su dinámica personal”.

Valora especialmente que “por suerte ha tenido padres que han podido escucharlo, creerle y actuar en consecuencia, cosa que es muy saludable para el niño”.

Tal como lo presentaron en la demanda, con el asesoramiento de la abogada Arregui, el juez consideró, de todos los métodos posibles para cuantificar el daño moral de los niños, el del “sistema de placeres compensatorios o sustitutivos” y el de la “prudencia judicial”.

En función de ello, realizaron una estimación de un viaje familiar -como placer sustitutivo-, más los gastos de terapia. Así llegan a la cifra de 12 millones.

La abogada dijo que “la sentencia ha logrado dar respuesta a una familia que ha llegado hasta el final en la búsqueda de justicia por los daños ocasionados a sus hijos. Es a través de una sentencia que realmente contempla el interés superior de los niños”. Y finalizó: “Me pregunto: si la finalidad de las instituciones educativas es la de formar a los niños y adolescentes tanto en lo académico como en valores, de qué manera entendió la institución que la expulsión de dos niños absolutamente inocentes de lo que había acontecido en el jardín de infantes los beneficiaría”.