Después del Banco Nación, le llegó la hora a la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de iniciar los preparativos previos a la privatización que planea Javier Milei
Con vistas a venderla a uno o varios privados, el Gobierno transformará el complejo minero en Sociedad Anónima tal como hizo la semana pasada con el banco público.
YCRT es una de las nueve entidades del Estado que el oficialismo logró, a duras penas, incluir en la ley Bases como organizaciones públicas sujetas a privatización o concesión.
La decisión se concretará esta semana, probablemente hoy, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto que firmó ayer el Presidente. Fue pergeñada por Diego Chaher, el encargado de acondicionar las compañías del Estado para su posterior venta, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de que estuviera al tanto de la decisión Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, la provincia donde está emplazado el yacimiento que genera, explota, transporta y comercializa carbón desde mediados del siglo pasado, pero trabaja a medias y de manera intermitente desde hace años.
No está decidido cuándo avanzarán con la venta -hay tres grupos que se postulan para quedársela-, pero por ahora se dispondrán a empezar a sanearla: presentar los balances contables de la entidad a la Inspección de Justicia, aggiornar los reglamentos internos, etc. Será un camino largo, proyectan en la Nación.
YCRT enfrenta una crisis que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La empresa, que condujo Aníbal Fernández durante la gestión de Alberto Fernández, incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Está desde hace varias administraciones en una situación crítica por la alta superpoblación de trabajadores, la falta de inversión, los problemas administrativos y los manejos irregulares.
Hace dos meses, la jefatura de Gabinete despidió por sospechas de corrupción a Thierry Decoud, que había llegado de la mano de Mauricio Macri. Fue después de que dos allegados suyos quedaran investigados por haber solicitado un retorno en su nombre para concretar una operación con una empresa israelí.
En el Gobierno aún no dan detalles sobre el plan que llevarán a cabo, pero en la Provincia sospechan que buscará que Santa Cruz asuma la responsabilidad de la mina y de los trabajadores, mientras que la central, que representa la principal fuente de ingresos potenciales, pasaría a manos privadas.
