El Congreso en Córdoba destacó el rol clave de las organizaciones sociales en el diseño legislativo

La ciudad de Córdoba fue sede de la segunda jornada del 1° Congreso Formativo y de Co-creación de Políticas Públicas 2025. El evento reunió a legisladores provinciales, autoridades municipales y organizaciones sociales para debatir y diseñar propuestas desde una perspectiva territorial.

El encuentro fue impulsado por la Legislatura de Córdoba y la Fundación Proyecto Sociedad Civil en Red. El objetivo principal fue promover un modelo participativo donde organizaciones sociales —como fundaciones, asociaciones civiles, clubes y agrupaciones de derechos humanos— compartieran sus experiencias, desafíos y propuestas concretas.

El legislador Leonardo Limia, en representación de la vicegobernadora Myrian Prunotto, destacó la importancia del vínculo entre los legisladores y la comunidad. “Una de nuestras funciones más importantes es la relación con las organizaciones sociales”, afirmó.

Durante la jornada, se formaron mesas temáticas enfocadas en Democracia y Derechos Humanos, Salud, Juventudes, Sostenibilidad Ambiental, Soberanía Alimentaria y Educación. El espacio permitió que legisladores y organizaciones sociales de toda la provincia trabajaran en conjunto para trazar líneas de futuros anteproyectos legislativos.

Las mesas fueron coordinadas por Diego Guilisasti, de la Fundación Sociedad Civil en Red. Además, la Universidad Provincial de Córdoba colaboró en la sistematización de los aportes, que surgieron de encuestas previas y diagnósticos territoriales. Esta participación reforzó la importancia del conocimiento local para la formulación de políticas públicas efectivas.

La presencia de legisladores como Karen Acuña, Matías Chamorro, Cristian Frías, Luciana Presas, Doris Mansilla y Cristina Pereyra reflejó el compromiso institucional con este enfoque plural y democrático. También participaron autoridades municipales, como Martín Puig, director de Integración Regional y Federal.

Este congreso representa un hito en la búsqueda de un Estado más presente y participativo. Las organizaciones sociales demostraron una vez más su capacidad para aportar soluciones desde el territorio. La iniciativa marca un camino hacia una legislación más inclusiva, basada en el diálogo directo con quienes viven y transforman la realidad local día a día.