La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias sumó un nuevo capítulo. Un grupo de enviados de los gobernadores se reunieron con un hombre del gabinete de Luis Caputo y se fueron del Ministerio de Economía sin un acuerdo concreto
Pasado el mediodía del martes, un grupo de ministros de economía provinciales ingresaron al Salón Belgrano del quinto piso del Ministerio de Economía para continuar la conversación que los gobernadores iniciaron hace algunos días y en el que plantearon ante la Casa Rosada un proyecto de ley consensuado para obtener más recursos del reparto federal.
Una veintena de funcionarios de las provincias fueron recibidos por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el hombre fuerte en el manejo del presupuesto nacional y el custodio del superávit fiscal. La promesa nacional había sido elaborar una contrapropuesta a la iniciativa pactada entre los mandatarios provinciales. Pasadas las 14, y luego de haber desarrollado un primer temario de la agenda del Consejo Federal de Inversiones, comenzó el ida y vuelta para encontrar un punto medio.
“Más allá de lo que nos digan, no podemos los ministros tomar una decisión distinta a la que tomaron nuestros jefes que ya lo decidieron”, explicó el ministro de Economía de una provincia del centro del país. Las provincias propusieron reformar el artículo 19 de la ley 23.966, que establece el esquema de distribución de los fondos que la Nación recauda a través del impuesto a los combustibles líquidos.
En la actualidad, esos recursos se asignan de la siguiente forma: el 10,40% se destina al Tesoro Nacional; el 15,07% corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se transfiere al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se asigna a la Compensación para el Transporte Público.
Así, solo el 10,40% restante se distribuye entre las provincias, lo que representa una porción menor de los más de 2.500 millones de pesos recaudados por la Nación en concepto de este impuesto, según datos oficiales. Con esta iniciativa, los gobernadores buscan que la suma se reparta únicamente entre las provincias —que pasarían a recibir el 58,36%— y el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación al transporte público, que conservarían sus porcentajes actuales.
Para lograrlo, el segundo artículo del proyecto contempla la eliminación de todos los fondos fiduciarios, de modo que el remanente se transfiera de manera directa a las 24 jurisdicciones del país. Además, la propuesta plantea modificar el criterio de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional —conocidos de forma informal como transferencias discrecionales— que hoy la Casa Rosada otorga según su criterio.
Según comentó otro funcionario provincial al salir de la reunión, la Casa Rosada esgrime como argumento una modificación de esa naturaleza tal como está planteada desde las provincias implicaría un costo fiscal que afectaría el superávit de las cuentas públicas.
