El rechazo del Tribunal de Cuentas a una licitación por drones de vigilancia desató una fuerte disputa política entre el Gobierno provincial y el juecismo, con acusaciones cruzadas y una conferencia clave del ministro de Seguridad.

Un ambicioso proyecto del Gobierno de Córdoba para dotar a la Policía provincial de una flota de drones de vigilancia de última generación quedó paralizado tras el rechazo del Tribunal de Cuentas, lo que desató un fuerte enfrentamiento político entre el oficialismo y el juecismo.

La iniciativa contemplaba una inversión cercana a los 7 millones de dólares para la compra de 15 drones de largo alcance, equipamiento tecnológico integral, software especializado y la capacitación de 40 agentes que integrarían la división SVANT (Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados). El objetivo era reforzar tareas de patrullaje, control de eventos masivos, monitoreo de cárceles y operativos especiales.

Sin embargo, la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas rechazó la licitación al considerar que el proceso se diseñó como un “paquete único” que limitó la competencia y favoreció a un solo oferente. Además, cuestionaron la magnitud del gasto en un contexto de ajuste económico, calificando el sistema como “sobredimensionado” y de características “casi militares”.

Desde el Ejecutivo provincial y el Ministerio de Seguridad rechazaron esas observaciones y acusaron al Tribunal de excederse en sus funciones, transformando el control de legalidad en una herramienta de bloqueo político. El conflicto escaló en redes sociales y este martes el ministro Juan Pablo Quinteros brindará una conferencia de prensa para fijar la postura oficial.

La disputa dejó en suspenso una de las apuestas más fuertes del gobierno provincial en materia de seguridad y expuso una fuerte tensión institucional entre los poderes del Estado.