La Justicia Federal buscaba pruebas sobre presuntas irregularidades en la compra de drones para seguridad. El operativo se retiró sin obtener la información solicitada.
La tensión política en Córdoba sumó un nuevo capítulo tras el allanamiento ordenado por la Justicia Federal en el Tribunal de Cuentas provincial en el marco de la causa por la compra de drones para la Policía.
El procedimiento, impulsado por una denuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, buscaba documentación vinculada a presuntas irregularidades y maniobras obstructivas durante el proceso de adquisición tecnológica.
Sin embargo, autoridades del organismo de control se negaron a entregar la información requerida, por lo que el personal judicial se retiró sin cumplir la medida ordenada.
Desde el Tribunal denunciaron un intento de presión política, mientras que el Ejecutivo sostiene que hubo trabas indebidas que afectaron políticas públicas vinculadas a seguridad ciudadana.
El conflicto profundiza la disputa entre el gobierno provincial y sectores del Frente Cívico en medio de un fuerte clima de confrontación institucional.
