El país contabilizaba 411.821 casos confirmados, luego de detectar 20.599 en las últimas 24 horas, reportó el Ministerio de Salud.

Asimismo, sumaba 25.598 fallecimientos por la Covid-19, con 1.086 de ellos en el último día, y se estaban investigando otros 4.100 sospechosos de haber tenido la misma causa, de acuerdo con el balance oficial.

San Pablo seguía siendo el estado más afectado por la pandemia, con 89.483 contagios y 6.712 decesos.

Allí, el gobernador Joao Doria anunció hoy la prórroga de la cuarentena y el aislamiento social hasta el 15 de junio próximo.

No obstante, a partir del lunes se pondrá en marcha un plan para reiniciar con restricciones algunas actividades económicas, incluso los centros comerciales en algunos municipios.

Doria explicó que el plan de reapertura incluye cinco fases y tendrá en cuenta los niveles de contagio y camas disponibles en cada municipio del estado más industrializado y poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes.

En la ciudad de San Pablo, la mayor urbe sudamericana, el próximo lunes comenzará un plan de apertura parcial de los shoppings y comercios a la calle, de acuerdo con el plan, que necesita de la aprobación del municipio.

En el Gran San Pablo, una de las regiones más críticas, habrá más restricciones y el comercio no podrá reabrir.

El Partido de los Trabajadores (PT) de los ex presidentes Luiz Lula da Silva y Dilma Rousseff, opositor a Doria, pidió a la Justicia -que aún no se había pronunciado- que ordene el cierre de todas las actividades en el Gran San Pablo.

Doria también está enfrentado al presidente Jair Bolsonaro, a quien apoyó en 2018, por la negativa del primer mandatario a decretar la cuarentena.

El gobernador, sometido a rechazo y pedidos de juicio político por parte del bolsonarismo, no es el único en conflicto con el presidente.

Hoy, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) Alexandre de Moraes ordenó 29 allanamientos ejecutados por la Policía Federal en domicilios de amigos de Bolsonaro.

La medida tuvo lugar en el contexto de la investigación de una asociación ilícita financiada por magnates cercanos al mandatario y ejecutada por blogueros parlamentarios en la que se denomina la «oficina del odio», como se conoce en Brasil a la máquina de propaganda y «fake news» de aliados y adeptos del presidente.

Brasil parece haber entrado en una espiral de tensión entre el máximo tribunal y el bolsonarismo, la misma fuerza política que realiza manifestaciones los fines de semana para pedir el cierre de esa corte.

Moraes afirmó que «las pruebas recogidas y las pericias apuntaron a la existencia de una asociación criminal dedicada a la diseminación de noticias falsas, ataques a personas, autoridades e instituciones, como el supremo tribunal, con contenido de odio, subversión del orden e incentivo al quiebre de la institucionalidad democrática».

Seis diputados federales bolsonaristas serán llamados a declarar por Moraes tras el allanamiento en Brasilia de la oficina de Terça Livre (Martes Libre), el portal del bloguero estrella de la extrema derecha, Allan dos Santos, aliado de los hijos del presidente.

El juez quebró el secreto fiscal y bancario desde 2018 -año en que Bolsonaro encabezó con éxito su primera campaña presidencial- y, según analistas, la filial local de Steve Bannon, uno de los hombres que estuvo detrás de la maquinaria de fake news de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, estaba representada por los aliados de Bolsonaro.

En tanto, en Río de Janeiro, el segundo estado más afectado con 42.398 contagios y 4.605 muertes, la arquidiócesis de la ciudad homónima resolvió mantener cerradas las iglesias católicas pese a que el alcalde, el pastor evangelista Marcelo Crivella, incluyó a los templos de todas las religiones entre los servicios esenciales para que pudieran funcionar.

Fuente: Télam