Patricia Baulies dice que la magistrada tiene vínculos con los detenidos. El caso por la venta irregular de terrenos tiene en vilo a Pilar.

La fiscal de Río Segundo Patricia Baulies formuló un requerimiento de investigación en contra de la jueza Civil y de Competencia Múltiple de esa jurisdicción Susana Esther Martínez Gavier porque supuestamente mantiene vínculos con los detenidos por la causa de los terrenos de la Costanera que “la comprometen personal y funcionalmente”.

En la causa en la que está detenido el intendente de Pilar Diego Bechis, miembros de su gabinete, concejales y un asesor letrado, surgió que la magistrada que comparte sede judicial con Baulies tendría relaciones sospechosas con los imputados.

Esto surge de “prueba objetiva”, según fuentes judiciales de estrecho contacto con la causa. Con esto, se refieren a que los vínculos sospechosos de la jueza Martínez Gavier con el exintendente detenido y con su asesor letrado Cristian Moyano surgen de escuchas telefónicas que los encuentran en diálogos indebidos, particularmente para la magistrada. 

Esas escuchas indicarían que Martínez Gavier era consultada permanentemente por los imputados, particularmente en momentos clave, como allanamientos, y que la jueza les brindaba información reservada al ámbito tribunalicio.
El plus que tiene esta situación es que Martínez Gavier no es una jueza más en Río Segundo porque ella concentra la facultad de superintendencia. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el manejo de los adicionales y todo lo relativo al edificio y su custodia depende de ella. Tras conocerse estas supuestas relaciones, la custodia sobre los expedientes se ha tornado crucial.

Según indicarían esas escuchas, además de sugerirles a los involucrados (en la maniobra de venta de terrenos a precios irrisorios) que recusen a la fiscal para que la causa fuera a otra jurisdicción “más tranquila”, Martínez Gavier habría aportado otros datos clave para favorecer la situación procesal de Bechis y su equipo.

A pesar del hermetismo de la denunciante, diversas fuentes judiciales sostienen que esa situación tuvo un “salto cualitativo” cuando Baulies detuvo a Bechis y sus colaboradores y les secuestró los teléfonos celulares.

La apertura de esos móviles le permitió a la instructora acceder a los mensajes de texto y audios del WhatsApp que comprometerían aún más a Martínez Gavier. La frescura y contundencia de esas comunicaciones aportarían un mayor marco probatorio sobre las relaciones indebidas entre jueza e imputados.

Requerimiento

Como una fiscal no puede someter a proceso a una jueza, a mediados de mayo, Baulies formuló una investigación preliminar e hizo un requerimiento de investigación que recayó en el juez de Control de Alta Gracia Claudio Lasso.

Este magistrado se interiorizó y, a su vez, le pidió una ampliación a Baulies, sobre lo cual la fiscal estaría trabajando.

Sobre Martínez Gavier también pesa una “acción civil por responsabilidad de magistrado” al ser denunciada por una abogada en un caso por la tutela de una menor cuyos padres murieron y heredó una cuantiosa fortuna. La competencia original de este tipo de acciones recae sobre el Tribunal Superior de Justicia, donde la jueza tendría fuertes lazos con alguno de los vocales.

Al fuero federal

La investigación de Baulies también encontró en uno de los allanamientos material de otra investigación. Un galpón perteneciente a Bechis contenía cuantiosos objetos para armar un museo. Conocido como coleccionista, el detenido intendente había adquirido, según constataciones precisas, autos antiguos, carruajes y muebles de época, entre otros, muchos de ellos embalados y de reciente descarga.

Esto motivó a la fiscal Baulies a realizar otra investigación preliminar y, ante la presunción del delito de “lavado de activos”, giró las actuaciones a la Justicia federal. La investigación habría recaído en Villa María.

A todo esto, la causa por los terrenos del Xanaes tuvo en los últimos días dos pronunciamientos fundamentales a favor de la instrucción. Ante dos recursos defensivos de Bechis y otros imputados, tanto el juzgado de Control y la Cámara de Acusación, rechazaron esos intentos. Ahora, resta que Acusación se pronuncie sobre la elevación a juicio. 

Fuente: La Voz