Grave fallo contra un legislador y candidato a intendente cordobés por violencia familiar. La denuncia fue formulada por su ex pareja.

Se trata de Patricio Eduardo Serrano que ocupa una banca en Hacemos por Córdoba y es precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en Lozada.

Ordenaron una medida preventiva contra el legislador cordobés, tras una denuncia por violencia familiar realizada por su ex pareja. 

La medida judicial establece una restricción de acercamiento mutuo por un período de seis meses, lo que significa que el legislador no puede estar presente en los lugares que frecuenta su exmujer y viceversa. Así lo dispuso el titular del Juzgado en lo Civil, Comercial, Familia y Conciliación de Primera Nominación de Cosquín, Carlos Machado.

El juez, además, prohibió cualquier tipo de comunicación entre ellos, incluyendo cualquier contacto verbal, telefónico, personal, por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona.

Según trasciende por fuentes judiciales, Serrano deberá “iniciar un tratamiento psicológico debiendo acreditar inicio y continuidad ante la Justicia”.

Cabe mencionar que Serrano tiene, además, un prontuario un tanto complicado dentro y fuera de la legislatura. Hace ya 20 años que ocupa cargos en el Estado; estuvo en el Ministerio de Salud, fue Concejal y hasta estuvo en Defensa Civil. Uno de los hechos más trascendentales y por los que fue denunciado ante el Inadi, fue el haberle dicho “mogólico”, al legislador Cossar.

Pero Serrano también integra el Tribunal de Conducta Policial. Fue, en cierta medida, uno de los que permitió que Lucas Gómez (el principal acusado del homicidio de Blas Correa) fuera reintegrado en tareas operativas de la policía cuando había sido retirado a pasiva, acusado de encubrir a un violador serial en La Calera.

Patricio Eduardo Serrano ocupa una banca en el bloque de Hacemos por Córdoba y es precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en Lozada.

Es importante destacar que la Legislatura cuenta con la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, que funciona en forma permanente y puede ser un espacio de referencia para abordar este tipo de situaciones.

Además de la adhesión de la provincia a la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

En cuanto a si la orden judicial contra el legislador podría generar un expediente interno en la Legislatura de Córdoba debido a que ocupa un cargo público, dependerá de las normativas y protocolos internos de la Legislatura en cuestión.